El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene previsto este martes continuar con el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción que pesa en contra del exprocurador Jean Alain Rodríguez, acusado en el caso Medusa por supuesto desfalco al Estado.
La pasada audiencia fue pospuesta por el juez Amauri Martínez, a solicitud de la defensa de Jean Alain, que requirió tiempo para conocer la documentación que depositó el Ministerio Público en el Tribunal, en los que refuta los alegados de la defensa en procura de que la medida de coerción que pesa en contra de su cliente le sea variada por segunda vez.
El exfuncionario guardaba prisión preventiva en Najayo, y ahora está bajo arresto domiciliario con uso de grillete. Su defensa, encabezada por Carlos Balcácer, busca lo dejen seguir el proceso en libertad, y atribuye la objeción del MP al testimonio de una testigo condenada por robo.
Otros imputados en el caso Medusa
Además de Jean Alain Rodríguez -quien es acusado de dirigir el entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020-, el proceso también se sigue en contra de Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo de la institución.
También, contra el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert.
Igualmente, contra Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como de Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y el exasesor Miguel José Moya.
Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un voluminoso expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
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