La Operación Calamar habría comenzado a ejecutarse cuando el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, en el ejercicio de la función pública encomendada, como máxima autoridad de las instituciones no financieras, descentralizadas y/o autónomas del Estado dominicano, aprovechándose de sus facultades discrecionales, se coalicionó con funcionarios públicos de mando alto, como los imputados José Ramón Peralta , ex ministro Administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo Terrero, ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Así lo afirma el Ministerio Público en la solicitud de medias de coerción.
Señala que a la Operación Calamar se sumaron funcionarios de nivel medio, entre ellos: el
fenecido Emilio C. Rivas R., ex director general de Bienes Nacionales, Luis Miguel
Piccirillo M., ex director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Claudio Silver Peña, ex
director de la Dirección General de Catastro Nacional; Daniel Omar de Jesús Caamaño
Santana, ex Contralor General de la República.
También Andrés Guerrero, ex Contralor del Banco de Reservas, Aldo
Antonio Gerbasi Fernández, ex asesor del Ministerio de Hacienda,
Princesa Alexandra García Medina, ex directora de la Dirección del
Reconocimiento de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda, Oscar Arturo
Chalas Guerrero, Julián Omar
Fernández Figueroa, ambos ex directores
de la Dirección de Casino y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, y
Víctor Matías Encarnación Montero, ex director técnico de la OISOE.
El objetivo
Todo se habría hecho con el fin de cometer actos de corrupción para desfalcar y estafar al Estado con
miles
de millones de los fondos públicos bajo su administración, mediante la
realización de múltiples maniobras fraudulentas desde el Ministerio de
Hacienda.
Este grupo, al que el Ministerio Público identifica como estructura criminal, presuntamente
utilizó como sustento los contratos que tenían las empresas del ingeniero Bolívar
Ventura Rodríguez con la extinta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del
Estado (OISOE), para realizar de manera fraudulenta acuerdos de reconocimiento de
deudas por obras adicionales que no fueron realizadas.
El objeto era distraer la suma de mil doscientos treinta y un millones novecientos noventa y tres mil ciento ochenta y ocho pesos (DOP 1,231,993,188.00), que fueron utilizados en el financiamiento del candidato Gonzalo Castillo Terrero en las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana, PLD.
Mayoría de actos ilícitos fue entre enero a julio 2020
Sin embargo, agrega el Ministerio Público, la mayoría de los actos ilícitos cometidos por este entramado criminal se desarrollaron en el año 2020, durante los meses comprendidos entre enero a julio, inclusive, logrando estafar al Estado dominicano a través de múltiples libramientos de pagos por concepto de deuda administrativa, en virtud de procesos de contratos de compra y venta de inmuebles, de expropiación de terrenos, y cesiones de créditos.
«Este período de tiempo tuvo las características particulares de la declaración de emergencia por la pandemia SARS-COVID-19 y las elecciones presidenciales, congresuales y municipales», agrega la entidad.
Casinos y juegos de Azar
En el expediente el Ministerio Público indica queel investigado Ángel
Donald Guerrero Ortiz utilizó una estructura no gubernamental compuesta
por los imputados Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo
Jiménez,
Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y José Pablo Ortiz Giraldo, la
cual a través del Ministerio de Hacienda realizaban procesos de cobros
ilegales con la Dirección de Casino y Juegos de Azar, una dependencia de
dicho Ministerio, durante el periodo 2016-2020.
«Con el propósito anterior, el imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz instruyó a los ex
directores de Casino y Juego de Azar, los imputados Oscar Arturo Chalas Guerrero y
Julián Omar Fernández Figueroa, a trabajar para el denominado “Proyecto o Programa”.
«El mismo consistía en el cobro ilícito a las bancas deportivas, de loterías y a los colmadones,
quienes debían pagar una mensualidad o de lo contrario serían cerrados por el Ministerio
de Hacienda, con un equipo que actuaba bajo la dirección de la estructura que dirigían
en la parte operativa Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo Jiménez, José Arturo
Ureña, Fernando Crisóstomo, entre otros, a cambio de sobornos, como se desarrollará
más adelante», concluye.
Sobre Operación Calamar
El Ministerio Público avanza contra la impunidad con la Operación Calamar, puesta en marcha la noche del sábado como resultado de una compleja investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Como fruto de la operación, que incluyó unos 40 allanamientos, hasta el momento hay 19 personas bajo arresto que serán presentadas en las próximas horas ante los tribunales.
La investigación realizada por el Ministerio Público tomó varios meses debido a su alto nivel de complejidad.
El entramado de corrupción desmontado distrajo a los contribuyentes más de 19 mil millones de pesos y afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y a Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
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