SANTO DOMINGO.-El principal objetivo del uso obligatorio de la facturación electrónica como queda contemplado en un proyecto de ley solicitado por el Ejecutivo, ya aprobado en el Senado y que reposa en la Cámara de Diputados, sería limitar la evasión fiscal.
Así queda evidenciado en uno de los considerandos del refererido proyecto al detallar que, la transparencia tributaria y la lucha contra la evasión, promovidos por el Grupo de los Veintes (G20) y liderados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en ese sentido, hace que se considere prioridad el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo (LA/FT) y la evasión y la elusión, producto de una planificación fiscal agresiva.
Este fue a la vez uno de los puntos destacados por el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas al informar que, debido al incremento de las recaudaciones, estas equivalían al 15.3 % del PIB, superando un 13.7 % lo recaudado en 2021, gracias a la evolución de la actividad económica, la lucha contra la evasión y el fraude fiscal y a la mejora de la gestión tributaria.
En aquellos casos en que no se utilice la factura electrónica o, en los que sí se utilice de manera fraudulenta, la ley establece sanciones para las personas físicas y jurídicas.
Obligatoriedad
— Alcance
El proyecto de ley que regularía el uso de la factura electrónica en el
país impone su uso obligatorio, salvo contados casos excepcionales
estipulados en el texto normativo. Incluye a la vez facilidades para la
adquisición de equipos.
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