Luego de impulsar la Ley de Extinción de Dominio, el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, en camina pasos para lograr la aprobación de una legislación que regule los conflictos de intereses en el ejercicio de las funciones públicas.
La iniciativa que está en el Senado de la República, en estudio de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, tiene como norte impedir que los funcionarios realicen negocios con el Estado.
Si bien es cierto que existen varios instrumentos legales que hacen referencia y reglamentan determinados aspectos, no existe en el ordenamiento jurídico dominicano una legislación destinada a definir y delimitar los conflictos de intereses e incompatibilidades.
En ese sentido, el proyecto de ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la prevención y gestión de los conflictos de intereses en el ejercicio de funciones públicas, asegurando los principios de imparcialidad e independencia en las actuaciones administrativas.
“Es un proyecto que lo propusimos hace como un año y todavía no se ha conocido y se va a conocer próximamente. Vamos a impulsarlo ahora, porque en todo este tiempo estábamos impulsando específicamente la ley de Extinción de Dominio”, precisó Taveras Guzmán.
La propuesta legislativa forma parte de la agenda de prioridades del senador para el año 2023, quien tiene la convicción de que viene a reforzar la institucionalidad democrática del país.
Admite que no es una ley nueva, pues actualmente muchos países la tienen, pero si necesaria para organizar, refundar el Estado y transformarlo.
“Una sociedad se organiza en base a reglas y lo que te dan las reglas son las instituciones, los diversos conflictos que se dan en la sociedad solamente se pueden dirimir y conciliar en base a las instituciones, fuera de ahí es el desorden”, afirmó Taveras Guzmán.
Sostuvo que en el país persiste la cultura de tratar de resolver por debajo de la mesa y quien tiene “un chin de poder” quiere solucionar sus temas en base a esa cuota.
A su juicio, esa situación hay que acabarla, pues la República Dominicana es una nación con mucho potencial para dar un salto al desarrollo, pero hay que organizarse.
Es por eso que el anteproyecto abarca las rendiciones de cuentas de los funcionarios y establecer los lugares donde han desempeñado funciones.
“De eso se trata el proyecto, porque, generalmente, tienden a cometer actos de corrupción a través del tráfico de influencias para favorecer el sector al cual representan”, apuntó.
Para el senador es vital lograr transformaciones en la justicia, pues, sin un estado de derecho que funcione, no hay inversión.
Del consenso
Aunque el proyecto de ley afectaría muchos intereses, para el senador Taveras Guzmán no habría mayores problemas para su aprobación.
A su entender, y tomando como experiencia la Ley de Extinción de Dominio, “mucha gente se va a resistir, por estar acostumbrada a vivir en el desorden”.
“Aquí se ha abierto un nuevo ciclo político a partir de las plazas públicas y las protestas que es importante para el devenir democrático de la República Dominicana, la gente está participando, la gente está auditando a los políticos y a todos los que estamos en la vida pública”, enfatizó.
Esa auditoria social, considera que servirá de condena social para los políticos acostumbrados a la corrupcción.
¿Hay conflictos de intereses?
A propósito del proyecto de ley regulación de los conflictos de intereses en el ejercicio de funciones públicas, se requirió la opinión del congresista ante la venta por parte del Estado de los terrenos del centro de retención de vehículos denominado el Canódromo el Coco, en el Distrito Nacional, en cuyo proceso se vincula al ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla.
“Yo desconozco el caso, vi los titulares, no me detuve a leerlo, pero si él no era funcionario cuando compró, pues no hay conflictos de intereses, ahora, si usted es funcionario y compra al Estado, eso está, posiblemente, favoreciendo y eso no puede ser, porque eso crea un conflicto de interés”, respondió.
A modo de ejemplo, Taveras Guzmán dijo que no se puede ser constructor y ser Ministro de la Vivienda.
De las sanciones del proyecto
El proyecto de ley establece que, sin perjuicio de los hechos que puedan comprometer la responsabilidad penal, se impondrá la destitución al servidor público que incurra en la violación de una serie de incompatibilidades.
Se refiere al caso de falsedad en las declaraciones juradas que sería sancionado con prisión de 1 a 2 años, multa de 20 a 20 salarios mínimos del sector público, e inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública por un plazo de 3 a 5 años.
Cuando saque provecho particular de su administración autorizando, suscribiendo o participando con su voto favorable en acuerdos, actos, contratos o cualquier tipo de decisión en beneficio particular pueden ser castigados con reclusión de 3 a 6 años y multa de 50 a 100 salarios mínimos y la inhabilitación para la función pública por un plazo de hasta 10 años.
Lo referente a la participación económica indebida, el servidor recibiría penalidades entre los 2 a 5 años de reclusión, hasta 120 salarios mínimos de multas y hasta 10 años de inhabilitación en las funciones pública.
Mientras que la aceptación de dádivas y obsequios prohibidos conllevan hasta 1 año de prisión, multa de hasta 30 salarios mínimos y hasta 3 años de inhabilitación en el tren gubernamental.
Otros aspectos del proyecto de ley
En el ejercicio de la función pública, y de acuerdo al proyecto de ley, existirán conflictos de intereses cuando en la función concurra el interés particular, sea o no de carácter económico.
El órgano responsable de velar por la aplicación de la ley, como rector en materia de conflictos de intereses, será la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Los funcionarios y servidores no podrán recibir obsequios, donaciones o cesiones gratuitas de bienes o servicios, en ocasión al desempeño de sus funciones, salvo los recibidos por cortesía o costumbres diplomáticas.
Rendición de cuenta y el 2023
Taveras Guzmán, en los dos años de gestión senatorial, ha logrado impulsar cuatro proyectos de ley con los cuales busca garantizar un mejor acceso a la justicia, promover el deporte y luchar contra la corrupción.
Se trata de los proyectos de ley: que crea los Distritos judiciales de Santo Domingo Este Norte y Oeste; Ley de Extinción de Dominio; de Mecenazgo y Patrocinio Deportivo y de Conflicto de Intereses. Además, impulsó la creación de empleos a través del proyecto “Santo Domingo 2050”, así como las gestiones para el asfaltado de las calles de varios barrios de la provincia.
El próximo año 2023, el senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Santo Domingo dijo esperarlo cargado de optimismo, a pesar de la crisis que afecta a nivel mundial. “Ser senador ha sido muy sacrificado, lo hago por un deber ciudadano y hasta por un deber existencial de aportar a las futuras generaciones”.
Conforme a la propuesta legislativa los servidores y funcionarios públicos deberán ejercer sus funciones con dedicación exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena, con excepción de aquellas expresamente permitidas. En consecuencia, solo podrán ejercer docencia cuando no coincida con el horario laboral, realizar publicaciones literarias, científicas o técnicas, ser exponente de conferencias, seminarios y participar en asociaciones sin fines de lucro, siempre que no perciban retribución.También es admisible la participación accionaria en sociedades comerciales o la sola calidad de socio con algunas limitaciones y las actividades de administración del patrimonio personal o familiar.“Los servidores y funcionarios públicos sujetos al ámbito de aplicación de la presente ley no podrán recibir ninguna otra remuneración con cargo al Estado distinta a la propia de su puesto de trabajo, con excepción de la remuneración por docencia, cuando aplique”, aduce el artículo 9 del proyecto de ley.
CREDITOS A DIARIO LIBRE
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