El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes sanciones a 40 ciudadanos y entidades, entre ellos cinco latinoamericanos, acusados de corrupción. En la lista figuran el expresidente del Congreso guatemalteco Allan Rodríguez y el ministro de Trabajo salvadoreño Oscar Rolando Castro.
“A lo largo de 2022 el Tesoro tomó numerosas medidas para promover la rendición de cuentas de los violadores de los derechos humanos y los actores corruptos en todo el mundo, incluidas sanciones a docenas de personas y entidades”, dijo en un comunicado de prensa el Departamento del Tesoro.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, indicó en el comunicado que “al exponer el comportamiento atroz de estos actores podemos ayudar a interrumpir sus actividades, desmantelar sus redes y privarlos de recursos”.
Otros cargos además de corrupción
Las sanciones implican el bloqueo de los bienes e intereses de los señalados que estén en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, la prohibición de realizar transacciones con estadounidenses dentro o en tránsito en ese país, así como contribuciones a cualquier persona designada. Sobre Rodríguez el Departamento del Tesoro dijo que utilizó su autoridad como presidente del Congreso guatemalteco entre 2020 y 2021 para otorgar subvenciones a cambio de sobornos.
También incluyó al diputado nacional Jorge Estuardo Vargas, líder del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE,) vinculado con actos de corrupción en los puertos, y al exministro de Energía y Minas, Luis Chang. La lista también incluye al ministro de Trabajo de El Salvador, Castro, a quién señalan de malversar fondos públicos para su beneficio personal y de tráfico de influencias.
A su vez fue sancionado Conan Tonathiu Castro Ramírez, exsecretario jurídico presidencial salvadoreño, quien habría obstruido investigaciones sobre malversación de fondos públicos durante la pandemia. La lista también incluye sancionas por violaciones a los derechos humanos y corrupción a ciudadanos y entidades de Corea del norte, Rusia, China, Guinea, Irán, Mali y Filipinas.
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