SANTO' DOMINGO.- El presidente Luis Abinader anunció este miércoles que en febrero próximo el gobierno someterá ante el Congreso Nacional un proyecto para la creación de un Ministerio de Justicia a fin de que este organismo sea el responsable del manejo de los asuntos administrativos que actualmente implican una carga innecesario para el Ministerio Público.
De acuerdo al mandatario fue instruido al consultor jurídico para iniciar de inmediato un proceso de intercambio y consultas con las entidades académicas, gremios profesionales y empresariales para lograr un consenso con el fin de desvincular el Ministerio Público de trabajos administrativos.
El gobernante precisó que la transformación pasa por el fortalecimiento de su independencia y autonomía y por dotar un Ministerio Público de recursos suficientes y de mejores instrumentos legislativos para que sus incumbentes puedan hacer bien su trabajo.
Abinader además dijo también que serán consultadas asociaciones ligadas a la práctica jurídica, como la FINJUS, para ser presentada al Congreso Nacional el próximo día 27 de febrero ese proyecto que no lo detiene nadie en el fortalecimiento de la democracia.
El gobernante se refirió en estos términos al participar en el aniversario de la Fundación Institucionalidad y Justicia.
Palabras íntegras del presidente:
Salutaciones
Señoras y señores,
Desde el nacimiento de nuestra democracia, una de las principales preocupaciones que permanentemente han estado presentes en el imaginario del pueblo dominicano, llegando a ocupar los pensamientos de los diferentes actores de la sociedad civil, del entramado empresarial y de la clase política ha sido el fortalecimiento de la institucionalidad de nuestro país.
Y en ese quehacer se encuentra desde hace más de tres décadas la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), que surgió con esa preocupación de aportar lo mejor para la construcción de una sociedad democrática y de instituciones fuertes.
FINJUS es el resultado de una visión de la sociedad dominicana que comparte el empresariado socialmente responsable, los juristas y sectores sociales comprometidos con la democracia, quienes, preocupados por la debilidad institucional y la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, decidieron aunar esfuerzos para lograr una sociedad más justa y democrática.
Esta unión es lo que brinda a FINJUS su particular fortaleza y consistencia, y es una de las razones por las que en el día de hoy celebramos el 32º Aniversario de su establecimiento en la República Dominicana como entidad social que se mantiene siempre vigilante y aportando, con la palabra y con la acción, a los cambios y las transformaciones que necesita el país.
FINJUS ha estado siempre al lado del gobierno en el diseño, presentación y seguimiento de las diversas reformas estructurales que desde que asumí la presidencia nos hemos empeñado en completar, dentro de la agenda más ambiciosa que gobierno alguno haya acometido alguna vez en la República Dominicana.
Nos hemos propuesto transformar de arriba a abajo este país en el plano institucional, afrontando así, los retos que en tal sentido demanda la sociedad dominicana.
Y en nuestro proyecto de reformas estamos tocando dos asuntos acuciantes, en los que FINJUS y varios de sus miembros han tenido un papel destacado: La reforma de la Justicia y de la Policía Nacional.
En ese sentido,
Hoy contamos con un ministerio público imparcial e independiente, capaz de enfrentar la corrupción y la criminalidad en todas las circunstancias y frente a cualquier infractor, sin importar su militancia política o su condición económica o social.
Liberar por completo al Ministerio Público de la injerencia política era una de las mayores aspiraciones de nuestro pueblo y de quien les habla y lo hemos conseguido.
Ahora debemos garantizar que esto se haga irreversible. Por eso propusimos una reforma de la Constitución cuyo fin principal es eliminar la discrecionalidad del presidente de la República al designar al titular de este órgano del sistema de justicia y a la mitad de sus adjuntos. Se trata de una de las pocas iniciativas de reforma constitucional en toda nuestra historia que pretende disminuir la incidencia del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes, en vez de aumentarla.
Sin embargo, como ya muchos saben, este es un proceso que aún está en el curso del diálogo que se ha establecido en el Consejo Económico y Social.
Pero la reforma de la Justicia va mucho más allá de una procuraduría independiente.
Su verdadera transformación pasa por el fortalecimiento de su independencia y autonomía y por dotar al Ministerio Público de recursos suficientes y de mejores instrumentos legislativos para que sus incumbentes puedan hacer bien su trabajo.
En ese sentido, también quiero informarles, que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo ha trabajado ya en un proyecto de ley para la creación de un Ministerio de Justicia. Instruyo en este momento y ante la ciudadanía representada en ustedes al Consultor a iniciar de inmediato un proceso de intercambio y consultas con las entidades académicas, gremios profesionales y empresariales, así como asociaciones ligadas a la práctica jurídica, como la FINJUS, para ser presentada al Congreso Nacional el próximo día 27 de febrero.
Nuestra propuesta es que este sea el órgano responsable del manejo de los asuntos administrativos que actualmente implican una carga innecesaria para el Ministerio Público y que lo desenfocan de su rol de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad. Instituciones como la Procuraduría General Administrativa, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la gestión de los bienes incautados o el Sistema Penitenciario Nacional, entre otros, pasarían a este ministerio de justicia, sin que ello implique un costo adicional en el presupuesto del Estado. Con ello cumpliremos una de las propuestas de gobierno que presentamos años atrás y que ha sido largamente reclamada por los propios actores del sector.
No debo dejar de referirme, por la importancia y trascendencia que implica para la institucionalidad del país, al hecho de que el pasado mes de agosto depositamos en el Congreso el proyecto de ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que en caso de ser aprobada, tal como espero, supondrá un hito al garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública, regulando la organización y el funcionamiento de los tribunales superiores administrativos y tribunales contencioso administrativos de primera instancia consagrados en la Constitución. Esta ley regulará todo lo relativo al procedimiento contencioso administrativo, incluyendo objeto, fases, plazos, capacidad y legitimación procesal, representación y defensa de la Administración pública, medidas cautelares, así como lo relativo a la sentencia y su ejecución, entre otras formas de terminación del proceso, y los respectivos recursos habilitados.
Como ven, estamos trabajando para fortalecer la independencia de la justicia, que siendo garantista y profesional, que no se doblegue ante nada ni ante nadie.
Amigas y amigos,
Otro de mis compromisos con la República Dominicana es el de legar a las futuras generaciones un país mucho más seguro, en el que se respeten las libertades y los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y donde se persiga sin tregua a los delincuentes.
Y por ello, con la aprobación en junio de 2016 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el Estado dominicano quiso dar una respuesta real a la preocupante situación de inseguridad ciudadana con la regulación de un cuerpo armado profesionalizado que sea el máximo garante del orden y de la convivencia ciudadana y con presencia en todo el territorio nacional.
Y no hemos escatimado esfuerzos para conseguirlo.
Estamos trabajando desde nuestra llegada al gobierno en la estructuración de un cuerpo de proximidad al ciudadano, que sea respetuoso con los derechos fundamentales y en el que sus miembros entiendan verdaderamente cuál es su papel frente a la ciudadanía.
Para ello dispuse la creación mediante decreto del Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, con una importante representación de los diversos sectores de la sociedad dominicana, como un órgano de carácter consultivo y multidisciplinario para debatir sobre la oportunidad, el alcance de la reforma que hemos propuesto, incluyendo la presentación de varias iniciativas en ese sentido.
El mencionado Grupo de trabajo, presidido por mi estimado amigo Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, presentó su informe final con una serie de conclusiones muy interesantes acerca de la necesaria y urgente transformación de la Policía Nacional.
Un informe en el que, de manera general, han sido identificados una serie de problemas que ameritan de una intervención urgente para facilitar cambios fundamentales en términos normativos y procedimentales, con el propósito de fortalecer la institucionalidad y democratización de la Policía Nacional.
Tal como señala el informe, es importantísimo para la institucionalización del cuerpo ahondar en el fortalecimiento de la carrera policial; en la estructuración del régimen de compensaciones; la revisión del carácter de los denominados “especialismos”; y en la adecuación de los procedimientos disciplinarios a los principios del debido proceso.
Además, se hace necesario que la veeduría ciudadana esté regulada mediante comisiones independientes y que para el ingreso a las filas de la Policía Nacional se cuente con unos criterios específicos, sin que estos puedan atentar contra ningún derecho fundamental de los dominicanos.
De igual forma, en una Policía moderna la evaluación de desempeño debe ser una herramienta definitoria para otorgar ascensos e incentivos y debe regir de una vez por todas la dignidad humana como principio rector en las actuaciones de los agentes.
Sabemos muy bien que transformar la Policía Nacional es una tarea a mediano plazo. Pero los cambios ya han comenzado y llegaremos hasta el final con ellos.
La debilidad institucional con la que nos encontramos al llegar al gobierno es tan profunda que para superarla se requiere de un esfuerzo titánico por parte del Estado y del consenso de todas las fuerzas sociales y políticas nacionales.
Amigas y amigos,
Cuando concluyamos la transformación de nuestro sistema de Justicia y nuestra Policía Nacional habremos dado un paso de gigantes hacia la modernización de este país.
Pero los cambios no son rápidos, ni llegan solos, ni están desprovistos de dificultades.
Las transformaciones profundas no son nunca fruto de la improvisación.
Este gobierno tiene claro cual es nuestro modelo para este país y no descansará hasta hacer de República Dominicana un Estado de Derecho con una justicia independiente, unas fuerzas policiales eficaces y democráticas y unos ciudadanos y ciudadanas iguales ante la ley.
Sé que cuento con todos ustedes para conseguir estos objetivos.
Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga siempre.
CREDITOS A NOTICIAS SIN
0 Comentarios