La postura del empresariado dominicano sobre el pago de la cesantía a los trabajadores desahuciados ha ido evolucionado. Su interés no es eliminarla sino que se revise, con el fin de garantizar la estabilidad financiera de los negocios e incentivar la formalidad laboral en una población trabajadora que en mayor proporción tiene entre 20 y 30 años de vida productiva por delante.
En conversación con Diario Libre, Circe Almánzar y César Dargam, de los representantes del sector empleador en el diálogo tripartito para modificar el Código de Trabajo, enuncian los modelos que se han analizado, tomando como referencia la experiencia de otros países. La que hasta ahora ha llevado más peso en etapas anteriores de discusión es la de establecer un monto tope de cesantía, con base en número de años trabajados, salarios mínimos o una combinación de ambos.
Menos viabilidad se ha entendido para un seguro de desempleo -por la alta informalidad laboral- y un fondo de cesantía, tipo capitalización individual, entre otras opciones.
“Lo que no es sostenible por todos los efectos adversos que hemos venido diciendo es mantener el esquema actual que tenemos de cesantía”, insiste Dargam.
De acuerdo con el Código de Trabajo vigente desde 1992, el empleador que ejerza el desahucio debe pagar al trabajador un auxilio de cesantía, cuyo importe se fija de acuerdo con unas reglas establecidas en el mismo código. Por ejemplo, a un empleado con cinco años en una empresa y un salario de 20,000 pesos, se le debe dar 96,517 pesos de cesantía. A otro con 15 años y un salario de 50,000 pesos, le corresponden 723,877.47 pesos también de cesantía.
DIARIO LIBRE
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