Dentro de la Mesa Temática de Transparencia e Institucionalidad que funciona en el marco del Diálogo por las reformas que organiza el Consejo Económico y Social (CES), se encuentran un grupo de propuestas del Poder Ejecutivo que tienen como objetivo actualizar el ordenamiento nacional de transparencia e institucionalidad del Estado.
En el grupo de propuestas del PE está el anteproyecto de ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, con el cual se pretende garantizar la tutela en materia judicial de los derechos de los ciudadanos en relación a la administración pública, asegurando la conformidad con el ordenamiento jurídico del Estado de toda conducta, actuación u omisión de la administración.
Esta legislación regulará la organización y cómo funcionan los organismos judiciales competentes en el ámbito de lo contencioso administrativo y el proceso contencioso administrativo.
De acuerdo a lo explicado por el director ejecutivo de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freund, durante la presentación del anteproyecto, con esta ley se le permitirá a la sociedad impugnar y hacer reclamos a la administración pública por omisiones, inobservancias y violaciones a la ley.
Estarán sometidos al control contencioso administrativo todos los sujetos de derecho público y privados que realizan actividades administrativas o ejercen funciones públicas.
En el artículo dos del anteproyecto señala que, a los fines de esta ley, constituyen sujetos de control contencioso administrativo todos los órganos que componen la Administración Pública Central, los organismos autónomos y descentralizados del estado y la administración pública local.
También estarán sujetos bajo su control las instituciones cuando ejercen funciones de tipo administrativo como lo son; Congreso Nacional, Poder Judicial, Junta Central Electoral, Tribunal Constitucional, Cámara de Cuentas, Tribunal Superior Electoral, Ministerio Público, Defensor del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Monetaria y el Banco Central.
DIARIO LIBRE
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