La naturaleza de la investigación de los delitos de corrupción, los casos de alto perfil que están abiertos y que implican a exfuncionarios, y muchas empresas, son algunas de las justificaciones que hace el Ministerio Público cuando recurre a un tribunal a pedir más plazo en una investigación.
La tendencia de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha generado disgusto entre los implicados en los expedientes de corrupción, como el caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez, cuyos abogados denunciaron la semana pasada que el Ministerio Público acciona de esta forma (dejando vencer plazos y esperando que los jueces los intimen) para mantener a los imputados por más tiempo en la prisión.
Algunas defensas alegan que las prórrogas que solicita la Pepca evidencia que no existen expedientes blindados, sino “muchos documentos” que no constituyen pruebas de ilícito.
Sin embargo, pese a las quejas de las defensas de los imputados en la Operación Medusa, y que en ocasiones también han externado los abogados de otros casos como la Operación Antipulpo, y Coral, la Pepca defiende que la solicitud de una prórroga para terminar una investigación y presentar su acusación es una facultad que le ofrece el Código Procesal Penal en su artículo 151. Es decir, que están dentro de la ley.
Otro de los argumentos utilizados por la Pepca cuando solicita plazos en los casos de corrupción, es que en la medida en que avanzan las investigaciones, los hechos indagados se vuelven más complejos y surgen nuevas líneas de investigación, nuevas imputaciones y nuevos imputados que deben ser incluidos, debido a que no figuraban en el expediente de las medidas de coerción.
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