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Fiscalía panameña investiga denuncia de esterilizaciones forzadas a indígenas


 

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Panamá informó este lunes que investiga una denuncia por el "delito contra la humanidad" por supuestas esterilizaciones no consentidas a mujeres indígenas de una zona apartada del país.

La Fiscalía señaló en un comunicado que envió este lunes un equipo especial de fiscales a Bocas del Toro, la provincia occidental donde supuestamente ocurrieron los hechos, para realizar "pesquisa" por los "posibles procedimientos de esterilización no consentidos".

Esta investigación se inició por la denuncia presentada el pasado 17 de febrero por la diputada oficialista y presidenta encargada de la Comisión de Familia del Parlamento, Kayra Harding.

El escándalo estalló la semana pasada, cuando la diputada independiente suplente Walkiria Chandler preguntó en una interpelación a la ministra de Salud encargada, Ivette Berrío, sobre las supuestas esterilizaciones forzadas de indígenas después de dar a luz.

Chandler afirmó que una comisión parlamentaria viajó a Bocas del Toro el pasado octubre para investigar unos casos de leishmaniasis en menores de edad y un grupo de mujeres indígenas hicieron la denuncia sobre las esterilizaciones sin consentimiento.

Según la diputada suplente, el Ministerio de Salud (Minsa) fue notificado y se le envió un cuestionario al titular de la cartera, Luis Francisco Sucre, quien, supuestamente, nunca respondió.

El Ministerio de Salud informó el pasado jueves que había iniciado una investigación por las supuestas esterilizaciones forzadas y que pidió informes a sus direcciones en la comarca Ngäbe-Buglé y en Bocas del Toro.

La autoridad sanitaria señaló que la ley estipula que para una esterilización permanente, el personal de salud debe informar al paciente sobre el procedimiento y este debe firmar un consentimiento informado. De no firmarlo, "no se puede proceder con la intervención quirúrgica".

La Defensoría del Pueblo también arrancó su investigación paralela la semana pasada desde su oficina regional en Bocas del Toro para recabar información junto con líderes comunitarios y desde este lunes se desplazaron a la zona.

Si las esterilizaciones forzadas ocurrieron "la verdad que es un desastre y un retroceso como país, pues no es una práctica de la República de Panamá. En caso de que sea positivo, vamos a poner en conocimiento a las autoridades panameñas y a las internacionales", declaró a Efe el pasado jueves el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc.

Las supuestas esterilizaciones forzadas han causado el rechazo de las asociaciones feministas, que defienden el derecho reproductivo de las mujeres y denuncian que se trata de violencia obstétrica.

 

DIARIO LIBRE

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