Varios suplidores del almuerzo escolar, que fueron excluidos en una licitación hecha por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), denunciaron este lunes que sus negocios quiebran mientras la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) guarda silencio y no responde los recursos jerárquicos que han sometido en contra de ese proceso debido a supuestas irregularidades.
La DGCP confirmó el 25 de enero el hallazgo de indicios de naturaleza penal en la licitación, por lo que enviaría a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) el informe preliminar de las investigaciones, que involucra a funcionarios de la presente y pasada administración.
Sin embargo, los pequeños empresarios se quejan de que la DGCP no emite las resoluciones respondiendo a sus más de 200 recursos administrativos, de impugnación, de reconsideración, medidas cautelares y jerárquico, de modo que ellos puedan ser reconsiderados para volver a suplir alimento a los estudiantes.
África Montás aseguró que en la referida licitación fueron “desconsiderados sin razones” más de 500 suplidores para beneficiar a un grupo presuntamente a cambio de dinero.
Moisés Medina afirmó que la DGCP obra bajo la voluntad del Ministerio de Educación y dijo tener conocimiento de una persona a la que supuestamente un hermano del ministro Roberto Fulcar le pidió 500 mil pesos y 10% de las ganancias a cambio de ser favorecido.
Los suplidores explicaron que fueron habilitados, pero no adjudicados, según se les informó. Pasaron todas las pruebas, pero fueron obviados para entrar a 1,260 empresas que no cumplían los requisitos, de acuerdo a los denunciantes.
Mientras esperan la respuesta de la DGCP, señalan que están cerrados pagando energía eléctrica, renta y otros compromisos económicos.
POR DIARIO LIBRE
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