martes, 7 de diciembre de 2021


 

Las apuestas del actual Gobierno en el Ministerio de la Juventud han terminado en jaque: dos titulares destituidas en un año y tres meses, luego de que en sus gestiones fueran señaladas presuntas irregularidades.

La primera en asumir el cargo fue Kinsberly Taveras Duarte, nombrada el 16 de agosto de 2020 por el decreto 324-20 tras ser anunciada para el cargo el 23 de julio de ese año, cuando el entonces el presidente electo Luis Abinader conformó su gabinete.

La escogencia de Taveras Duarte fue elogiada, se destacó su trayectoria académica y política. Una ingeniera química egresada cum laude, especializada en energías renovables, y que fue la directora municipal más joven del país al ganar las elecciones en La Guáyiga (municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo), en 2010, a los 22 años.

Pero la estela de la joven ministra se difuminó cuando en una entrevista con la periodista Nuria Piera en octubre de 2020 se puso en cuestionamiento su patrimonio de 106 millones de pesos, y su “éxito empresarial” bajo contratos de servicios con alcaldías.

Después de semanas de polémicas, se anunció una investigación y la entonces ministra tomó licencia. Renunció a su cargo el 7 de diciembre de 2020 y fue sustituida por Luz del Alba Jiménez, nombrada dos días después por el decreto 694-20, quien hasta el momento de su designación ocupó el cargo de viceministra de Planificación del Ministerio de la Juventud.

Ayer, Jiménez fue destituida por medio del decreto 786-21, tres días antes de cumplir un año en sus funciones. La decisión fue tomada por el presidente Luis Abinader a casi cuatro semanas de que transcendiera una acusación contra la ahora exministra sobre supuestas irregularidades durante un proceso de licitación para adquirir equipos tecnológicos por valor de 3 millones de pesos.

A diferencia de la titular anterior, Jiménez no tomó licencia de su cargo al anunciarse una investigación por parte de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad Anti-Fraude de la Contraloría General de la República.

 

CREDITOS A DIARIO LIBRE