Posibles nuevos casos de corrupción, seguimiento a los actuales y cambios en las fiscalías es el escenario venidero
La justicia dominicana vivió momentos agitados en este año con el sometimiento de 86 personas por presuntos actos de corrupción o narcotráfico y el 2022 podría ser igual e incluso mayor.
En el año venidero hay muchas que podrían suceder, pero lo que está claro es que los fiscales y abogados estarán “metidos de lleno” en los tribunales, no solo por los siete casos más sonoros del 2020, sino por otros viejos que todavía están vigentes.
Otra asunto que podría mantener al sistema judicial “en movimiento” es que se abrirían nuevos procesos judiciales por corrupción, a juzgar por las investigaciones que ha dicho el Ministerio Público están en curso. En mayo pasado la propia procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, aseguró que investigan alrededor de 500 casos de corrupción.
En este 2022, el órgano persecutor tendrá mucho trabajo, pues deberá presentar acusación formal contra los imputados de los denominados casos Coral y 5G, Medusa, Lotería y los de narcotráfico y lavado de actos llamados Falcón y Larva, antes de que se venza el plazo.
Con esto, los casos pasarán a una audiencia preliminar, en la cual se juzga las pruebas del Ministerio Público para determinar si el proceso puede ir a juicio de fondo, que se juntará con la del caso Pulpo, cuya acusación ya fue presentada y fue apoderado el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para tales fines.
En este proceso, los jueces de primera instancia también tendrán mucho trabajo con el conocimiento de estos casos y hasta las autoridades penitenciarias les “tocará lo suyo”, pues serán los responsables de que los imputados que están cumpliendo prisión preventiva, como Alexis Medina, del caso Pulpo, el mayor general Adán Cáceres, del Coral; o el exprocurador Jean Alain Rodríguez, del Medusa; sean traslados a los tribunales y estén presentes en sus respectivas audiencias. Un trabajo que requiere de una gran coordinación, pues entran en la calificación de “traslado de alto riesgo”.
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