Ante la intransigencia de Daniel Ortega para dialogar con la oposición, desde el inicio de la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 muchos nicaragüenses y la comunidad internacional pusieron sus esperanzas en las elecciones de noviembre de 2021.
Tres años y medio después, esa fecha está a la vista, pero no solucionará el conflicto. Por el contrario, Ortega usará el proceso electoral para conseguir su tercera reelección para un cuarto quinquenio consecutivo, y con ello consolidar la que ya muchos llaman la peor dictadura de la historia de Nicaragua. Todo ello con el telón de fondo, según entidades internacionales de derechos humanos, de una crisis que ha dejado unos 325 muertos, cientos de heridos, encarcelados y perseguidos y más de cien mil exiliados.
Según Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el proceso que culminará el 7 de noviembre se ha desarrollado en las peores condiciones. A la falta de garantías se suma que no hay competencia y tampoco campaña, pero solo de la oposición, porque muchos consideran que Ortega vive en campaña permanente.
Su vida de candidato empezó en 1984 cuando, siendo miembro de la junta que asumió el poder tras la caída del dictador Anastasio Somoza, encabezó la fórmula del triunfante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y ganó la presidencia por medio del voto popular. En total, ha participado en ocho procesos. Perdió los de 1989, cuando le entregó el poder a Violeta Barrios de Chamorro, y los dos posteriores, en 1996 y 2001.
En el siguiente, en 2006, recuperó el poder, y de inmediato su manera de hacer campaña cambió radicalmente, como si desde el principio tuviera claro que no iba a aceptar una nueva derrota. Así lo confirmaría en los comicios de 2011 y 2016.
Al comienzo, incluso en las elecciones municipales, visitaba pueblos y decía interminables discursos con su tema favorito del imperialismo yanqui. Cargaba infantes, abrazaba a niños y adultos y se tomaba fotos con todo el que se le acercara. Pero desde que retornó al poder en 2007 comenzó a comportarse como un dictador en potencia: llenó el país de gigantescas fotos suyas y de su esposa y actual vicepresidenta Rosario Murillo; y luego enfocó sus esfuerzos en consolidar su dominio sobre todos los poderes del Estado.
Todas las elecciones realizadas a partir de las municipales de 2008 han sido calificadas de fraudulentas por la oposición nicaragüense y seriamente cuestionadas por la OEA, la Unión Europea (UE) y organismos especializados.
En abril de 2011 la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dominada por su partido dejó sin efecto el artículo 147 de la Constitución que le prohibía participar en las elecciones. Esa sentencia, y su control sobre el Consejo Supremo Electoral, le garantizaron ganar holgadamente la elección sin hacer campaña mientras su partido obtenía mayoría absoluta en el poder Legislativo, integrado por 92 diputados.
De ese modo, en 2013 los 72 diputados sandinistas, con apoyo de los partidos aliados, aprobaron una enmienda al artículo 147 de la Carta Magna que abrió las puertas a la reelección continua e indefinida. Con el camino allanado, el proceso de 2016 se convirtió en un trámite para garantizar su continuidad, aunque dos de seis partidos que participaron tenían cierto reconocimiento como opositores.
Sin embargo, no se pueden comparar con las del próximo 7 de noviembre, dirigidas como las anteriores por un tribunal dominado por el oficialismo que prohíbe la observación nacional e internacional. En este caso el gobierno les anuló la personería a dos partidos opositores y puso presos, con acusaciones amañadas, a siete de los auténticos aspirantes a la presidencia entre los que la oposición iba a elegir un candidato único.
La verdadera oposición fue sustituida por cinco casi perfectos desconocidos que acompañan a Ortega en la boleta electoral como un coro de tragedia griega. Ellos representan partidos que han sido aliados del oficialismo, pero se declaran ofendidos cuando alguien los señala de cómplices de una farsa.
CREDITOS A DIARIO LIBRE
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