Las vinculaciones de políticos en actividades del narcotráfico sacaron a relucir debilidades en las leyes de Partidos y Electoral, falta de controles en la depuración y selección de los candidatos a cargos electivos, así como la ausencia de un seguimiento y vigilancia por parte de los organismos de inteligencia del Estado. Además, cómo el narcotráfico penetra el sistema político.
La situación se registra debido a que para que una persona sea candidato de determinado partido, las mayores exigencias giran en torno a realizarse pruebas antidoping para determinar consumo de cocaína, anfetamina, marihuana y opiáceos; un certificado de no antecedentes penales; carta de compromiso partidario y residir en la localidad representada.
Los requisitos forman parte de las disposiciones de la Ley 33-18 de Partidos y Movimientos Políticos que pide además a los postulantes estar en pleno disfrute de los derechos civiles y políticos, tener un tiempo de militancia o permanencia mínimo en la organización, y no haber participado co-mo candidato por otro partido para el mismo evento electoral.
Conforme al procedimiento, los partidos someten a la Junta Central Electoral (JCE) un expediente con los precandidatos a participar en sus procesos internos, organismo que se encarga de determinar si cumplen o no con los estatutos partidarios y la Ley 33-18.
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