miércoles, 8 de septiembre de 2021


 

La investigación que lleva a cabo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), contra los imputados en el caso Antipulpo ha tomado un nuevo rumbo con las colaboraciones que hacen algunos de los implicados.

Este martes, la defensa de Francisco Pagán, uno de los acusados en el caso que involucra a dos hermanos del expresidente Danilo Medina, confirmó que éste ha ofrecido informaciones testimoniales y documentales al Ministerio Público, como parte de una colaboración que de entrada le ha permitido que el órgano acusador pida la variación de la medida de coerción que cumple.

La abogada Luz Díaz informó que Pagán ha manifestado su voluntad de ofrecer documentos e informaciones para esclarecer algunos de los hechos que se imputan y que corroboran algunos planteamientos del Ministerio Público. Aclaró, sin embargo, que su declaración en nada significa una declaratoria de culpabilidad, la que no tiene cabida en la etapa en que se encuentra el proceso de investigación.

Recientemente, el Ministerio Público informó que la Operación Antipulpo mantiene abiertas nuevas líneas de investigación, aunque no llegó a especificar cuáles.

Previamente, informó sobre la realización de varios allanamientos relacionados con el caso que se destapó en diciembre del año pasado, cuando la Pepca imputó a unas diez personas de conformar un entramado de corrupción administrativa que se valía de sus vínculos con el poder político para enriquecerse a costa de los contribuyentes.

Como cabeza principal de ese entramado señaló a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina. Los demás imputados son la también hermana del expresidente, Carmen Magalys Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona.

A la mayoría, el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional le dictó prisión preventiva como medida de coerción que se mantiene a la fecha, con excepción de Hidalgo Núñez y Germosén, que tienen arresto domiciliario, así como de Carmen Magalys que está en un espacio controlado con un localizador electrónico y Domingo Antonio Santiago, que le impusieron presentación periódica.

El Ministerio Público solicitó la variación de la medida de coerción que pesa sobre Pagán, Christopher Sánchez y Suriel Suazo, durante la audiencia que se conoció el lunes en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para conocer la solicitud de prórroga de la investigación del caso que hizo la Pepca con la finalidad de seguir buscando evidencias.

“En virtud del principio de justicia rogada, el Ministerio Público habrá de contar con una prórroga para seguir buscando evidencias que le permitan presentar nuevas líneas de investigación con las que contamos, blindadas como las anteriores”, dijo Camacho a su salida del tribunal, que se reservó el fallo para el próximo jueves.

En sus declaraciones a la prensa, el titular de la Pepca, Wilson Camacho, recordó que el Ministerio Público ha sido coherente en el sentido de que, “cuando los imputados colaboran con la investigación, esto reduce, incluso, el peligro de fuga y, hemos entendido nosotros que, en este y en otros casos, deben recibir un tratamiento diferente”.

Dichas colaboraciones, sin embargo, han sido cuestionadas por varios abogados que entienden que el Ministerio Público actúa de forma ilegal al llegar a acuerdos con imputados, además de que evidencia debilidad de su investigación.

El Observatorio por el Justo Proceso advierte que el Ministerio Público no está facultado para hacer acuerdos con coimputados a cambio de “delaciones premiadas”, las que deben ser autorizadas por un juez. Tampoco puede abstenerse de imputarlos o retirarles la acusación cuando ha sido depositada ante el juez de la instrucción, dice el colectivo que tiene entre sus integrantes a Julio Cury, uno de los abogados de Alexis Medina.

Carlos Salcedo, que encabeza la barra de defensa de Medina Sánchez, entiende que los acuerdos son un reflejo de la debilidad del caso, el que no estaría blindado como han dicho la Pepca.

Considera que acudir a los imputados es un acto de desesperación del parte del Ministerio Público al no tener los elementos que decía tener, a la vez que restó valor a esas declaraciones, pues –dice- si no se corroboran con otras pruebas, no constituyen pruebas de ninguna manera. Indica que las delaciones de imputados siempre son vistas con ojeriza por cuanto se trata de personas que lo que buscan es salvarse.

La defensa de Pagán a su vez, entiende que el momento procesal no se puede hablar de acuerdo, y que la colaboración es un ejercicio de derecho libre que tiene su defendido.

Luz Díaz negó que la colaboración constituya un acuerdo tras bastidores como han denunciado algunos abogados. Explicó que los acuerdos, son mecanismos legales y que en el momento procesal adecuado informarán si se llegan a ellos, pero que ahora mismo, lo que ocurrió fue la manifestación de voluntad de dar informaciones corroborando algunos hechos que el Ministerio Público imputaba en la audiencia.

 

CREDITOS A DIARIO LIBRE