El mayor general Adan Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y otros cuatro involucrados en el Caso Coral, calificado como un entramado de “corrupción en las entrañas del poder”, tendrán un nuevo chance mañana para la revisión de las medidas de coerción que les fueron impuestas.
Además del mayor general Cáceres Silvestre y Guzmán Sánchez, en el expediente de la Operación Coral figura el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora. También el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
El Ministerio Público ha sido enfático en las apelaciones, de que a estos imputados se les debe mantener la misma medida de coerción para garantizar el desarrollo de la investigación y que no se destruyan o alteren pruebas o se amenace a testigos.
En tanto que los abogados de los acusados, aseguran que hay presupuestos para una variación de las medidas de coerción que le impusieron a este grupo de imputados.
De acuerdo con Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público, los implicados crearon un entramado militar y policial con el interés de depredar el erario.
El Ministerio Público indicó que contra los procesados pesan acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El órgano de justicia destacó que los procesados utilizaron sus funciones y su poder en sus actividades delictivas.
Los imputados fueron arrestados el mes de abril de este año en el transcurso de 27 allanamientos realizados en el Gran Santo Domingo y varias provincias del país, en los que las autoridades ocuparon bienes inmuebles y otras posesiones que fueron adquiridas con fondos que corresponden al erario.
CREDITOS A DIARIO LIBRE
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