jueves, 29 de abril de 2021


 

Las resoluciones adoptadas por el Ministerio de Salud Pública y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) de limitar la cobertura de las pruebas PCR para detectar el COVID-19 a una por año, ha desatado una ola de críticas hacia el ministro salud, Daniel Rivera, por considerar que realizar ese tipo de acción en momentos donde se está realizando una reapertura mayor de las actividades, es un atentado contra la salud de los dominicanos.

La clase política nacional ha levantado su voz en contra de la postura adoptada por la Sisalril y Salud Pública, al mismo tiempo que asegura que lo correcto sería aumentar el acceso a las pruebas, debido a que se han relajado las medidas, ya que el nuevo horario del toque de queda les permite a las personas la libre circulación hasta las 12 de la medianoche todos los días de la semana y asistir a los establecimientos por más horas.

El senador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, aseguró que las autoridades del Gobierno han realizado un buen manejo de la crisis de la pandemia del COVID-19, pero catalogó como “absurda” la resolución emitida por el Ministerio de Salud de limitar el acceso a las personas a una prueba PCR por año.

“Es contraproducente, por lo que considero que el Gobierno y su Gabinete de Salud deben de revisar y dejar sin efecto esa resolución. Ahora bien, tampoco se puede seguir pagando RD$4,700 a los laboratorios por una prueba que cuesta menos de 10 dólares, eso también es inaceptable”, sostuvo el legislador.

Señaló que para el PRSC las pruebas PCR en ningún caso pueden costar en la actualidad más de 1,200 pesos y el Gobierno debe actuar en torno a eso.

“Con la cantidad que los laboratorios quieren cobrar por una PCR se podrían hacer tres, que se elimine la limitación, se revise el precio y la deuda que reclaman los laboratorios, es lo que se debe hacer”, expresó Genao.

Mientras que su compañero en el Senado y exministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, explicó que no tiene ningún sentido que se limiten las pruebas PCR a una por año, cuando las personas para detectar el virus necesitan de una y luego otros test para confirmar que lo superaron.

El senador del partido Fuerza del Pueblo manifestó que no se le debería impedir a las personas el realizarse cuantas pruebas sean necesarias, ya que para las cuestiones de salud no se debe escatimar en gasto.

La resolución 000017, que fue emitida por el Ministerio de Salud Pública el pasado nueve de abril del año en curso, establece una actualización en los procedimientos y pruebas diagnósticas para la detección del virus del COVID-19, y que en lugar de utilizar una prueba PCR, se utilice una prueba de antígeno.

En caso de la prueba de antígeno resultar positiva, entonces se procederá a realiza una PCR bajo una serie de parámetros establecidos por el Ministerio de Salud.

Las principales quejas han suscitado de parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que se han unido para elevar sus quejas ante la decisión adoptada por Salud Pública.

Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del PLD, propuso que las pruebas PCR se hagan gratuitas a todas las personas con indicación médica y que se incluyan los exámenes de lugar a todo el que salga positivo.

“La lucha contra el COVID-19 no ha terminado, debemos continuar vigilantes”, destacó Domínguez Brito.

El dirigente peledeísta calificó como un error del partido de Gobierno el limitar las pruebas gratuitas a una sola por año. “Al contrario, debemos aumentar el acceso a las pruebas para poder tratar a tiempo las personas y aislar los casos positivos. La mayoría de las familias dominicanas no pueden pagar una prueba de 5 mil pesos”.

Asimismo, desde la bancada de diputados del PLD también se mostraron en desacuerdo con la limitación de las PCR y alertaron del peligro de la posibilidad del aumento de los contagios cuando se le limita a la población el acceso a un test por año solamente.

En tanto, que el también diputado peledeísta, Elpidio Báez, señaló que las disposiciones contenidas en las resoluciones del Ministerio de Salud Pública y la Sisalril son contrarias a la Constitución de la República, que en su artículo 60, numeral uno, señala que el: “Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas”.

Deuda con la ARS

El senador Bautista Rojas Gómez demandó, de igual forma, una explicación del Gobierno sobre la supuesta deuda de RD$4,841 millones a las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS) por la cobertura a los pacientes de COVID-19, según informó la Sisaril.

En ese sentido, instó a los nuevos miembros del pleno de la Cámara de Cuentas realizar una investigación a la deuda y que examine cuál es el costo real de una prueba de COVID-19, también condenó que un test que se ha generalizado siga teniendo el mismo precio que cuando inició la pandemia en marzo del 2020.

 

 

 

CREDITOS A DIARIO LIBRE