El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, depositó una instancia ante la Suprema Corte de Justicia solicitando declarar inadmisible el pedimento de los miembros de la Cámara de Cuentas que quieren sea anulada la orden de allanamiento que se realizó en esa institución.
El procurador Camacho establece que la autorización para allanar la Cámara de Cuentas fue notificada a su presidente, Hugo Álvarez Pérez, tal como establece el artículo 182 del Código Procesal Penal y que la misma no puede atacarse por medio de cualquier recurso o acción de forma principal.
Plantea que la nulidad de un acto procede cuando se han probado irregularidades de forma y de fondo, lo que a su juicio no ha ocurrido en el caso en cuestión, ni se ha probado por los abogados de los miembros del órgano fiscalizador del Estado y que cuando se argumenta irregularidades de forma, quien invoca la nulidad de un acto debe probar el agravio y que sobre esto se ha pronunciado el Tribunal Constitucional (TC).
El magistrado Camacho realizó su contestación a la instancia depositada por los abogados de los miembros del órgano fiscalizador del Estado, Eduardo Jorge Prats, Julio Cury y Danae Mercado.
Precisó que, en la solicitud de autorización de allanamiento al edificio de la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público fue claro en establecer que los investigados son los miembros del pleno, Álvarez Pérez, Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noe Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán Rincón, Félix Álvarez Rivera, así como otros funcionarios de ese órgano público.
Corrupción
El Ministerio Público lleva a cabo investigaciones por presunta obstrucción de la justicia contra la actual Cámara de Cuentas, tras detectar indicios que comprometen su responsabilidad penal en delitos de corrupción administrativa.
Las indagatorias contra el órgano fiscalizador, que encabeza Hugo Francisco Álvarez Pérez, apuntan a la comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos.
“Las investigaciones han establecido que en la Cámara de Cuentas se alteraron múltiples auditorías para beneficiar a exfuncionarios de dependencias oficiales que eran examinadas”, informó la Procuraduría General mediante un comunicado.
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