Las juezas Tania Yunes y Gissel Naranjo gozan de plena capacidad para conocer y fallar el juicio por los US$92 millones de los sobornos de Odebrecht, ya que no se encuentra comprometida su imparcialidad y probidad para llevar ese proceso, como alegaba el Ministerio Público en su recusación.
Esta fue una de las consideraciones establecidas por el juez de Corte, Ignacio Camacho, en la resolución en la que rechazó la recusación que hizo el titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, en contra las dos magistradas. El juez de Corte, calificó la recusación como una “queja” o “malquerencia” del Ministerio Público.
La Corte aclaró que los jueces “no están a merced o voluntad de las partes... son designados para conocer de los procesos como terceros imparciales y como tal deben actuar y decidir”, “sin obedecer a la satisfacción de la voluntad antojadiza de las partes”.
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