Al tercer intento se logró. Aunque la discusión del Pacto Eléctrico se cerró en octubre de 2017 fue este 25 de febrero cuando se logró su firma, aunque con la ausencia del sector social.
El documento es el mismo acordado hace más de tres años y condensa una serie de principios sobre lo que debe ser el manejo del sector eléctrico y la participación de cada actor. El Pacto Eléctrico define un plan estratégico y de negocios que abre la puerta a una reforma profunda del sector que incluye que las Empresas Distribuidoras Eléctricas (EDE) subcontraten a otras compañías para que manejen el cobro de las facturas a sus clientes. Para ello, la Superintendencia de Electricidad tiene un plazo de 12 meses para establecer las condiciones que permitan a las EDE tercerizar la facturación.
El pacto define las metas de reducción de pérdidas y las expectativas de cobranza del servicio, así como revisiones periódicas de las tarifas. No obstante, el cronograma de metas de pérdidas y cobranzas debe ser reajustado porque quedó rezagado por la demora en la firma del documento
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