El proyecto de modificación a la Ley 28-01 aprobado por el Senado mantiene la integridad del régimen de exención fiscal e incentivo fronterizo establecido hace 20 años a las empresas que operan en las provincias fronterizas, mientras que la Cámara de Diputados le introdujo modificaciones que amplían esa gracia, pero limita sus operaciones solo a las provincias de la frontera.
Esto ha generado un enfrentamiento no solo entre senadores y diputados, sino también en el sector empresarial, ya que un grupo de ellos entiende que los que se establecieron en esa zona del país reciben privilegios que afectan la libre competencia.
Lograr un consenso en medio de esta situación resulta un tanto difícil por los intereses envueltos y que durante los 20 años de la vigencia han presionado por un cambio en la legislación, bajo el alegato de que no ha cumplido con el objetivo con el que fue aprobada.
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