Las adjudicaciones sobre las bandas de frecuencias de los 700 MHz y 3.5 MHz anunciadas por el gobierno deben realizarse bajo condiciones de transparencia y respetando la seguridad jurídica, aseguró la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec).
La entidad que agrupa a las principales telefónicas del país consideró que el Gobierno debe definir y ejecutar un plan que permita el despliegue de la infraestructura complementaria que requiere la tecnología 5G.
Claudia García, su directora ejecutiva, entiende que se debe atender la situación de la permisología municipal, la cual definió como una barrera estructural que afecta el desarrollo de los proyectos de telecomunicaciones y limita el acceso de la población a los servicios.
García destacó que República Dominicana se encuentra en un nivel superior de desarrollo tecnológico entre los países de la región como resultado del compromiso del sector privado y ello, afirma, hace posible que el Estado dominicano realice las acciones tendentes a la migración a la tecnología 5G.
Señala que la Comtec planteó al Indotel algunas mejoras a la propuesta de Pliego de Condiciones de la Licitación, con el propósito de que el proceso se acoja a los principios generales de la Ley General de Telecomunicaciones y al andamiaje legal que fundamenta la seguridad jurídica de las prestadoras de servicios de telecomunicaciones.
“En estos momentos, estamos analizando la Resolución Núm. 005 -21 del Consejo Directivo del Indotel que ‘aprueba el Pliego de Condiciones, designa el Comité Evaluador y convoca a la Licitación Pública Internacional Indotel/LPI-001-2021’, a los fines de conocer las condiciones que aplicarán al concurso público”, dijo.
“No obstante, confiamos que las adjudicaciones se realizarán bajo condiciones de transparencia, seguridad jurídica, y consistentes con el principio de eficiencia económica que establece la Constitución Dominicana y la Ley General de Telecomunicaciones Núm. 153-98”, añadió.
Sobre la meta gubernamental de ir cerrando la brecha digital, García expuso que el cierre de dicha brecha en países en desarrollo no requiere solamente del componente tecnológico; sino de condiciones de bienestar general que reduzcan los niveles de pobreza y concedan a los ciudadanos el poder adquisitivo necesario para equipos terminales de conexión.
También requiere de “una revisión de la excesiva carga impositiva que actualmente pesa sobre los servicios de telecomunicaciones y dificulta el acceso a los mismos, aún en los planes más competitivos”, dijo.
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