lunes, 7 de diciembre de 2020


 

Nuevas revelaciones se hicieron ayer durante la audiencia de medida de coerción que inició contra las onces personas, incluidos dos hermanos del expresidente Danilo Medina, acusados del entramado de corrupción que habría estafado el Estado dominicano con miles de millones de pesos, durante la gestión del expresidente Danilo Medina.

Tanto imputados como el Ministerio Público agregaron nuevos elementos al caso, siendo una de las más trascendental las declaraciones de uno de los imputados, el excontralor general de la República, Rafael Germosén Andújar.

El imputado admitió ante el tribunal que en la estructura de Contraloría había dos personas que eran las encargadas de revisar los procesos y dispensas que luego le tocaba firmar. Esas personas eran claves para los libramientos de pagos a favor de Alexis Medina Sánchez, el hermano del expresidente a quien el Ministerio Público acusa de ser la cabeza visible de la red de corrupción que, supuestamente operó como un pulpo con tentáculos en varias entidades estatales. Entre esas dos personas, estaba el director de Auditoría y el encargado de firmar las dispensas de los contratos del que dijo, sería familiar, quizás primo, de Medina Sánchez.

Germosén admitió, además, que tenía como su asistente a una hija de Aracelis Medina Sánchez, otra de las hermanas del expresidente Danilo Medina y de dos de los acusados en el caso que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha denominado Operación Antipulpo.

Germosén declaró que llegó al cargo de contralor en octubre de 2012 por recomendación de la señora Aracelis, con quien participó en un movimiento de apoyo a la candidatura del expresidente. De ese cargo fue desvinculado en 2016, a no más de 15 días de sostener una reunión en la que se le pidió agilizar los procesos de pagos para obras de hospitales, lo que dijo, sería ilegal si su equipo no completaba las supervisiones correspondientes.

A esa reunión asistieron, según su testimonio, el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, la exministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino y el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, otros de los imputados en la Operación Antipulpo.

La audiencia, reenviada para las 2:00 de la tarde de hoy, se sigue con otra de las hermanas del expresidente, Carmen Magalys Medina Sánchez, el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez; y los señores Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.

En la audiencia, reenviada para las 2:00 de la tarde de hoy, la procuradora adjunta Yeni Berenice también adelantó sobre varias investigaciones que realizan en la Procuraduría. Una de ellas es a las obras del imputado Fernando Rosa, expresidente del Fonper, las que dijo no soportan una auditoria visual.

Afirmó que todas las obras que realizó esa entidad son investigadas por sospecha de sobrevaluación. A Rosa también lo acusó de tener una red de testaferros en las que, supuestamente, participa una hija del imputado.

Otra investigación que la magistrada reveló se refiere a las circunstancias de la muerte de Omalto Gutiérrez Remigio, a quien la Pepca señala como chofer y uno de los testaferros que supuestamente usaba Alexis Medina Sánchez para conformar el entramado societario que contrató con el Estado gracias a sus vínculos políticos.

Reynoso dijo que, mediante esa red de empresas, Medina Sánchez logró contratos con la Junta Central Electoral y con la propia Procuraduría General de la República, además de las ya manifestada en la solicitud de medidas, tales como la Oisoe, Salud Pública, Fonper y la Policía Nacional.

La procuradora adjunta también relevó de supuestos productos adulteradas que una de las empresas que se atribuye a la red habría suplido al Ministerio de Salud Pública.

Mientras, uno de los abogados de la defensa del exministro de Salud Freddy Hidalgo, se defendió de las imputaciones de lavado de activo que se le atribuyen al galeno, afirmando que, en su gestión como ministro, su fortuna apenas creció en 1.3 millones de pesos.

El imputado Domingo Antonio Santiago Muñoz también declaró ante el juez de Atención Permanente, Alejandro Vargas, al que le indicó que era el socio del 50 % de las acciones. Pero, a pesar de que esta empresa ha sido beneficiada con contratos millonarios, él imputado dice que no se siente rico en términos materiales, aunque no descarta que pueda llegar a serlo una vez cobre por todas las obras contratadas.

A esta persona, la Pepca le atribuye ser testaferro de Alexis Medina y de ser uno de los que intimidaba a testigos del caso.