El Ministerio Público volvió este jueves a realizar allanamientos dentro de las labores que realiza en el “Operativo Antipulpo” que hasta el momento ha dejado 10 exfuncionarios apresados bajo acusación de corrupción administrativa. Su acción fue defendida vehemente al punto de proclamar que no tendrá límites en sus acciones, excepto el respeto a los derechos humanos.
Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la corrupción Administrativa (Pepca), advirtió, a través de un comunicado de prensa, que las acciones que ejecutan “para llevar a la justicia a los responsables de estos actos de corrupción solo tendrán como límite” un derecho.
El funcionario judicial agregó, en el documento, que “el único límite será la tutela efectiva de los derechos de las personas arrestas e imputadas. Además, indicó que “alcanzará a todo el que tenga relación” con los casos de malversación de fondos públicos que están bajo investigación.
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