martes, 8 de diciembre de 2020


 

Como una de las pruebas que el Ministerio Público hijo haber presentado contra Domingo Antonio Santiago Muñoz, uno de los acusados en el caso de la Operación Antipulpo, se cita un contraescrito, documento en el que supuestamente se comparten las responsabilidades de pago de una deuda de un inmueble.

De acuerdo con la acusación, el documento se lo incautó el Ministerio Público durante un allanamiento que realizó a Santiago Muñoz, y se refiere a una deuda adquirida supuestamente por éste, para la adquisición de un penhouse en el que, aseguran, vivía Alexis Medina Sánchez.

“El contraescrito decía que, aunque el préstamo estaba a su nombre, quien debía pagar ese préstamo era Alexis” dijo la representante del Ministerio Público, quien sostiene que encontraron carpetas de este tipo de documentos tanto de Domingo como de otros prestanombres.

También afirma que a Santiago Muñoz se le otorgó poder de firma ilimitada en la empresa General Medical, una compañía que dice fue registrada por Alexis Medina Sánchez. También la habría transferido acciones en la empresa Wattma Dominicana, otra que tiene registro en Onapi a nombre de Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina.

Pero el acusado defendió la transparencia de las operaciones de sus empresas, las que, dice, reportan regularmente a todos los órganos del Estado. Aseguró que no tiene nada de que arrepentirse y que siempre ha pensado como un empresario, por lo que educó a su familia para que su nombre transcienda.

A través de su abogada, indicó que el contraescrito que encontró el Ministerio Público sobre venta de inmueble es un convenio de empresarios que es totalmente válido.

Indicó que el imputado adquirió el inmueble en cuestión mediante un préstamo con una institución bancaria y luego lo vendió a Alexis Medina, que para tal adquiría un préstamo con otra institución bancaria, por lo que convinieron que el segundo siguiera los pagos de la primera deuda.

En cuanto a las transferencias de acciones con las empresas que se atribuyen a Medina Sánchez, asegura que estas constituyen operaciones de lícito comercio, no ilegales, y que son comunes entre empresarios.