El 6 de noviembre de 1844 se promulgó en la ciudad de San Cristóbal la primera Constitución Dominicana. A 176 años de ese trascendente acontecimiento que marca la historia de nuestro país, se han realizado 39 reformas a la Carta Magna, la primera en 1854 y la última en el 2015, siendo la nuestra una de las constituciones con más modificaciones de América Latina.
Así lo afirma el jurista y vicerrector de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Medina Calcaño, quien analiza que esa trayectoria tan accidentada de nuestra constitución tiene sus causas en múltiples factores, pero sobretodo, en crisis políticas que generan inestabilidad, autoritarismo de muchos gobernantes, que traen como consecuencias el debilitamiento de la institucionalidad y la incompatibilidad de la realidad política con los principios contenidos en la Constitución.
Dando una mirada retrospectiva al impacto de esos procesos de reformas, el jurista destacó el caso de la reforma del 18 de febrero de 1858, conocida como la Constitución de Moca, considerada como la más liberal en todo el siglo X1X, en ella se restableció el poder legislativo bicameral, períodos presidenciales de 4 años, sin reelección consecutiva, se inhabilitó al Poder Ejecutivo para la selección de los jueces, entre otras medidas de corte progresista.
Recordó además en el siglo XX, la Constitución del 30 de abril de 1963, en el gobierno del profesor Juan Bosch cuando se originó una de las constituciones más democráticas que ha existido en República Dominicana, entre sus principios básicos se encuentran, la inviolabilidad de la vida y la libertad personal y de creencia, se prohibió la censura a la prensa, la libertad sindical, el derecho a la huelga, derecho de los trabajadores a los beneficios de las empresas, prohibición de los monopolios en favor de particulares, garantizar la educación a todos los dominicanos, la no discriminación de los hijos, entre otras conquistas sociales, políticas, económicas y culturales.
“El siglo XX1, ha sido testigo de 3 modificaciones a nuestra Constitución: la del 2002, 2010 y 2015. Las reformas del 2002 y 2015 no representan reformas profundas, se limitaron fundamentalmente a incrementar el peso del presidencialismo, principalmente el tema de la reelección”, dijo.
Agregó que la Constitución del 26 de enero del 2010, en el gobierno del presidente Leonel Fernández, se constituye en un faro de luz, una reforma integral, que se inscribe en la tendencia del neoconstitucionalismo, planteando una novedosa forma de Estado, en el art. 7, con el Estado Social y Democrático de Derecho y el tránsito de una democracia representativa a una democracia participativa; amplía el catálogo de Derechos Fundamentales, al incluir los derechos colectivos y difusos; establece el referendo aprobatorio para las reformas que impliquen los Derechos Fundamentales; sistema de frenos y contrapesos para darle una mayor efectividad a la separación de los poderes públicos; la creación del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, el fortalecimiento de otras instituciones del Estado.
La existencia del Tribunal Constitucional que tiene como misión la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, ha contribuido con su función jurisdiccional y pedagógica a crear una cultura constitucional en el país. No obstante todavía falta mucho que recorrer en este largo camino de construcción de un real y efectivo Estado Social y Democrático de Derecho.
Con respecto a otra posible reforma de la Constitución, el también vicerrector de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, explicó que pudiera contemplarse más adelante, no a corto tiempo, ya que este proceso debe ser producto del consenso de los diversos sectores de la vida nacional, reconociendo que la actual Constitución debe adaptarse a nuevas realidades, por ejemplo la unificación de las elecciones, ya que el actual contexto jurídico y la experiencia de los procesos electorales pasado así lo plantean.
“Otro tema es la necesidad de un Procurador General independiente, con mira a fortalecer el sistema de justicia y su real independencia, además los parámetros para la elección de las Altas Cortes y la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, constituyendo un órgano más democrático con participación de otros actores sociales”, concluyó.
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