miércoles, 28 de octubre de 2020

Las AFP del país han acumulado ganancias por RD$ 3,400 millones de pesos, superiores a las obtenidas en igual período en los años 2016, 2017 y 2018, con ganancias acumuladas por RD$ 43 mil 168 millones de pesos desde el 2004.

Esto ha sucedido mientras se desarrolla en el país y a nivel mundial, la peor crisis de las últimas décadas, que ha dejado en el Sistema Dominicano de Seguridad Social una baja de hasta 9,082 empleadores y 313 mil 933 cotizantes menos al mes de junio, entre los meses de enero y septiembre del 2020.

Dichas informaciones fueron suministradas por los investigadores Matías Bosch Carcuro y Airon Fernández Gil, de la Fundación Juan Bosch, quienes han puesto en circulación la nueva edición del libro: “Del Negocio Seguro a la Seguridad Social”, donde presentan cómo funciona el “negocio” en el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Ambos afirman que las ARS privadas, a las que el Estado dominicano ha tenido que financiarles las coberturas no consideradas por COVID-19, extrayendo recursos de los fondos de Riesgos Laborales, han acumulado ganancias por RD$ 14,897 millones de pesos, contando sólo hasta marzo de 2020.

Según los autores, Bosch Carcuro y Fernández Gil, “nada de esto es casual ni por falta de recursos, ni tiene por qué ser así, sino que es el resultado de las políticas y la ley que se han estado aplicando, incluyendo el nuevo esquema de comisiones que se estableció en febrero y presentado como una victoria para la sociedad, que han convertido las pensiones y la salud en un negocio multimillonario, en manos de las AFP, ARS, empresas de seguros y prestadores privados, a costa de la clase trabajadora y del 95% de empleadores que son MIPYMES”.

Desde su perspectiva, debido a los intereses de los grupos con poder económico en el país, se están violando la Constitución y los tratados internacionales que el Estado ha firmado, ya que no se está garantizando a la población un beneficio definido, justo y digno en pensiones, y la salud se está administrando “de manera segregada entre la población según criterios discriminatorios por edad, género y capacidad económica, como si fuera una mercancía y no un derecho”, afirman los autores.

Finalmente, Bosch y Fernández señalan que en el país se gasta más del 6% del PIB en salud, y sin embargo por las razones mencionadas no es una salud digna, humana, ni de calidad, y las atenciones se hacen en función del bolsillo de las personas y el seguro que puedan pagar, lo cual ocurre en todos los países donde este mismo modelo es el que domina.

 

 

CREDITOS A DIARIO LIBRE.