Entre las autoridades dominicanas y haitianas se debe iniciar un diálogo que busque revertir el nuevo cobro de aproximadamente 800 dólares establecido por Haití por la verificación de las mercancías que pasan por las aduanas del vecino país, esto sin incluir el 27 % de los impuestos sobre la renta que deben ser pagados por servicios al exterior.
De acuerdo con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache, la medida impuesta por el vecino país no solo afecta las relaciones comerciales dominico-haitianas, sino que también va en detrimento del consumidor de Haití.
“Llama la atención que siendo República Dominicana un socio comercial importante de Haití, tomen medidas unilaterales de este tipo”, expresó el ejecutivo del Conep.
Y señala: “Nosotros estamos en la mejor disposición para dialogar y llegar a una solución”.
Además, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) considera que la medida es arbitraria para obstaculizar más las exportaciones dominicanas hacia el vecino país de Haití.
“Con esta medida se hace daño no solo a las buenas relaciones, sino también a la economía haitiana, ya que la medida es inflacionaria en favor de una empresa que cobraría esta suma astronómica por cada importación”, expresó Celso Juan Marranzini, presidente de la AIRD.
El sector industrial apela a la vía diplomática para que esta medida pueda ser revertida de forma inmediata.
“Estamos dispuestos a colaborar con las autoridades diplomáticas para que por esa vía se pueda resolver esta traba para nuestras exportaciones”, expresó el empresario.
Entiende que el Gobierno ha dado señales claras sobre la importancia de la producción y las exportaciones para la recuperación económica y la generación de empleos en el país.
Ayer la presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Elizabeth Mena, expresó la preocupación del sector porque ese mercado es el segundo socio comercial de la República Dominicana.
Resaltó que hacia Haití República Dominicana exportó un monto aproximado de 536 millones de dólares entre los meses de enero y septiembre de este año.
Por su lado, la vicepresidente ejecutiva de la Adoexpo, Odile Miniño, explicó que este cobro corresponde al valor FOB, que al tener que ser pagados a la Empresa SGS, contratada para esos fines, ubicada fuera del territorio nacional, por lo que no se le pueden retener los impuestos ni ser presentados como gastos al fisco, lo que eleva aún más los costos.
Miniño Bogaert precisó que estas verificaciones no deben ser cobradas a exportadores, son excesivas y de ninguna forma se aproxima a la media cobrada por la inspección de los contendores en otros países.
CREDITOS A DIARIO LIBRE.
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