viernes, 16 de octubre de 2020


 

En medio del debate que ha surgido sobre quiénes pueden o no ser suplidores del Estado, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió ayer que los funcionarios dominicanos, de cualquier naturaleza que sean, no tienen permitido ser proveedores ni licitar con el Gobierno.

La entidad sostuvo que aunque la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones expresamente prohíbe esa práctica, algunos se han amparado en una falsa interpretación del artículo 3 del Decreto 543-12 que instituye el Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones públicas para crear un marco de excepciones que fomenta la ilegalidad. Ese artículo establece la inhabilitación de esa prohibición en el caso de los proveedores únicos del Estado, entendido como aquellos procesos de adquisición de bienes o servicios que sólo puedan ser suplidos por una determinada persona natural o jurídica.

La organización sustenta que en términos precisos el artículo 3 de la Ley 340-06 establece que: “Serán considerados casos de excepción y no una violación a la ley, las (situaciones) que se detallan a continuación, siempre y cuando se realicen de conformidad con los procedimientos que se establecen en el presente Reglamento…” y que, posterior a ello, la referida regulación define cuáles serían estos casos de excepción.

 

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