sábado, 17 de octubre de 2020


 

La popular frase que reza: “Del dicho al hecho hay mucho trecho”, cobra sentido cuando se trata de analizar las posibilidades que tiene la República Dominicana de penalizar a la constructora Odebrecht por el incumplimiento de pagos de la deuda de US$124 millones que tiene pendiente como parte del acuerdo firmado con la Procuraduría General de la República.

Además de aplicar un criterio de oportunidad que implica no perseguir penalmente a la empresa por el delito del pago de US$92 millones en soborno que la constructora brasileña admitió repartir en el país a cambio de contratos de obras de infraestructura, el acuerdo establece que Odebrecht debe resarcir al Estado dominicano con la suma de US$184 millones, entregables en varias cuotas hasta 2025.

Con dos cuotas pagadas, de US$30 millones cada una, a la fecha la empresa tiene otras dos con plazos vencidos, la última desde marzo pasado, que podrían dar lugar a la terminación del contrato de parte de la Procuraduría si se aplicara literalmente una de las cláusulas de penalidad que así lo estipula.

El acuerdo, firmado en marzo de 2017, por los entonces procurador general, Jean Alain Rodríguez, y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Gerrero Pelletier, contempla la terminación de pleno derecho en caso de incumplimiento.

 

CREDITOS A DIARIO LIBRE