El contagio de COVID-19 de un abogado de la defensa y el archivo definitivo de los expedientes de ocho imputados acapararon esta semana el juicio de fondo por los sobornos pagados por la empresa Odebrecht en el país.
La audiencia celebrada el pasado lunes se centró en los archivos definitivos, cuya alegada irregularidad es investigada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirige Wilson Camacho. Los autos dieron pie a que los abogados de los seis imputados que siguen en el caso pidieran un plazo para estudiarlos, argumentando que pueden contener elementos que les sean favorables a sus representados.
Las juezas que conforman el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional rechazaron el plazo solicitado por los abogados defensores de Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Ángel Rondón, Roberto Rodríguez, Conrado Pittaluga y Tommy Galán. Pospusieron el juicio para el jueves 8 de octubre para dar la oportunidad a que Díaz Rúa acudiera a una cita médica de seguimiento tras haber padecido de COVID-19.
La enfermedad también fue motivo para el aplazamiento de la audiencia de ese jueves. Próximo a las 9:30 de la mañana, el tribunal anunció la posposición del juicio para el 20 de octubre debido a que uno de los abogados de la defensa de Bautista dio positivo al COVID-19 y solicitaron un aplazamiento de 14 días para cumplir con el protocolo de las autoridades de salud que establece entre 12 y 14 días el periodo de incubación del virus.
El tribunal acogió la solicitud y sugirió a todas las partes que se hagan la prueba del coronavirus, pero antes hizo la salvedad de que la salud es una responsabilidad personal y se debe respetar el distanciamiento establecido.
“Las partes no han respetado ese distanciamiento y el protocolo que ha impuesto el tribunal para este proceso”, dijo la magistrada Gisselle Méndez, presidenta del tribunal.
CREDITOS A DIARIO LIBRE
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