El Poder Ejecutivo emitió ayer el Decreto 422-20 que crea la comisión de liquidación de órganos del Estado y los procedimientos que esta debe seguir, la que debe constituirse en un plazo de 60 días.
Dentro
de sus disposiciones establece que el Ministerio de Administración
Pública (MAP), la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y la
Contraloría General de la República (CGR) “adoptarán las medidas que
correspondan luego de la revisión de cada caso del personal de los organismos
objeto de reestructuración o supresión” y deberán tomar en cuenta la
regularidad de la designación de los empleados por la autoridad
competente y su desempeño comprobado.
Asimismo, que “el personal de las instituciones en proceso de disolución o
reestructuración, designados por la autoridad competente, que se
encuentren desempeñando cargos y funciones oficiales de las estructuras
orgánicas de las instituciones y que dichas posiciones se encuentren
debidamente presupuestadas, se mantendrán en nómina hasta tanto concluya la aplicación del procedimiento indicado” en el párrafo anterior.
Entre
las instituciones que el Gobierno anunció que eliminará se incluyen el
Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); la Corporación de
Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), cuyas funciones pasarán a ser
ejercida por el Ministerio de Energía y Minas; el Consejo Estatal del
Azúcar (CEA), que será fusionado con la Dirección General de Bienes
Nacionales; el Despacho de la Primera Dama y la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).