Las presiones que recibe
hoy el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de parte de militantes que
exigen un puesto en el Gobierno, no son más que el reflejo de una
ancestral cultura política basada en la repartición del pastel de un
Estado que muchas veces se asemeja a una tabla de salvación para quienes
no tienen una oportunidad en el sector privado.
Aunque el PRM
promueve un cambio en la administración pública, a partir de la
reducción de la nómina o la supresión de entidades que han perdido su
razón de ser, en la mentalidad de quienes apostaron al triunfo de ese
partido tal razonamiento no cabe, y por eso los reclamos aumentan casi
un mes después de la toma de posesión del presidente Luis Abinader.
Los
decretos que a diario emite el Poder Ejecutivo se convierten en el muro
de las lamentaciones para quienes aún no han sido favorecidos con un
nombramiento.
Las quejas se esparcen en todos los ámbitos,
sobre todo en redes sociales, y entre los argumentos que exponen los
militantes perremeístas subyace la facilidad con que gente no vinculada
al partido ha obtenido puestos importantes, igual que miembros de una
misma familia.
Entre la dirigencia media y la base del partido
se cuestionan compromisos que habría asumido el presidente Abinader, en
el último tramo de la campaña electoral, con sectores que dieron apoyo
político y financiero, y al parecer han logrado cargos de relevancia.
Otra
de las quejas de la militancia es que muchos empleados del anterior
Gobierno aún conservan los cargos, mientras siguen sin trabajo cientos
de perremeístas que aportaron al triunfo del partido.
La
piedra de choque del Gobierno para abrirle espacio a la mayoría de sus
correligionarios está en las regulaciones que impone la Ley de Carrera
Administrativa, tomando en cuenta que solo son de libre nombramiento o
remoción los puestos de alta jerarquía como ministros, viceministros,
gobernadores, así como los denominados cargos de confianza, en los que
entran los asesores.
Para puestos de directores, subdirectores,
analistas y supervisores aplican concursos, por lo menos así lo indica
la ley. Está exento de concurso el personal administrativo y de
conserjería.
¿Promesa en saco roto? Una de las promesas del
presidente Abinader, en su programa de Gobierno, es hacer del Estado un
órgano más eficiente, evitando la duplicidad de funciones con entidades
inoperantes.
Aunque el mandatario dispuso la disolución del
Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FOMPER), del Despacho de
la Primera Dama y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y de
Procomunidad, al parecer no pasará lo mismo con otras entidades que solo
engrosan la nómina pública.
De hecho, ya se han nombrado los
incumbentes del Instituto Nacional de la Aguja, de la Dirección de
Embellecimiento de Carreteras, de la Comisión Hípica Nacional, Instituto
de Estabilización de Precios, la Autoridad Nacional de Asuntos
Marítimos, Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo
Fronterizo, y de la Unidad de Electrificación Rural, por citar solo
algunas.
El desafío en medio de una pandemia. Eliminar las
denominadas “botellas” de la nómina pública es otra de las promesas del
presidente Abinader, y de hecho, ya varios funcionarios han informado
sobre la cancelación de decenas de personas que cobraban sin trabajar en
el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud.
Sin embargo,
el desafío que tiene el Gobierno en estos momentos es reducir el tamaño
de la nómina pública, en medio de una pandemia como la covid-19, cuya
secuela económica se resume en el cierre de empresas y la pérdida de
miles de empleos.
De modo que achicar la empleomanía en el
Gobierno se contrapone con la necesidad de trabajo, tomando en cuenta
que al 31 de agosto pasado la Tesorería de la Seguridad Social registró
5,312 empleadores menos que igual período de 2019.
Según la entidad, hasta agosto de este año había 84,821 empleadores, y en 2019 había registrados 91,133.
CREDITOS A HOY
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