El ingeniero Felipe Suberví detalló que, además de la deuda que pesa sobre ese departamento del Estado, asumió una empresa con una nómina de 5,888 empleados, de los cuales, cerca de dos mil llevaban años cobrando sin reportarse a sus puestos de trabajo.
Y dijo más: “De esos empleados que cobraban sin trabajar, 1,350 representan casi 36 millones de pesos para el presupuesto de la institución. Eso se acabó. Yo asumo la responsabilidad legal que pueda conllevar el proceso de la desvinculación de todas esas personas que cobraban sin trabajar, porque eso va en detrimento de todos nosotros, los ciudadanos”.
Al conceder una entrevista exclusiva a Diario Libre, dijo que de la flotilla de vehículos que forma parte de la nómina operacional de la institución, ha rescatado 350 que se encontraban en manos de particulares, para lo cual precisó que la institución ha tenido que utilizar la fuerza pública.
El joven funcionario manifestó que junto a los técnicos de esa dependencia del Estado se encuentra inmerso en el proceso de revisión de todo lo que hasta ahora se ha hecho y dejado de hacer en esa institución, y puso como ejemplo los contratos que dejaron en manos de dos empresas privadas el cobro del agua en el Gran Santo Domingo.
Las empresas que manejan la gestión comercial de la CAASD son Triple A Dominicana y Achea; la primera, propiedad del empresario Ángel Rondón, implicado en el escándalo Odebrecht.
“Tenemos unas compañías socias para el cobro del agua: Achea, en la parte norte y Triple A, que es la que más cobra. La gente entiende que es la CAASD, pero son esas dos compañías externas las que cobran el servicio. La CAASD paga 360 pesos por cada cliente. Entre ambas empresas manejan una cartera de alrededor de 300 mil clientes”, indicó.
El funcionario manifestó que a su llegada a la CAASD encontró 50 camiones cisternas, de los cuales 45 estaban dañados; cincuenta moticletas, de las cuáles sólo cinco estaban en buen estado; en la zona norte 50 de 198 pozos tubulares fuera de servicio, algunos por falta de piezas de bajo costo; cuarenta y cinco camiones dañados de los 50 que hay en existencia, de cinco retroexcavadoras, tres de ellas dañadas y de cinco máquinas hidrosuccionadores, también tres de ellas fuera de servicio. Dijo que todos esos equipos están siendo reparados para dinamizar la operatividad de la empresa.
Resaltó que encontró una deuda por 20 millones de pesos a los medios de comunicación, así como otros compromisos de pago a suplidores de sulfato de aluminio, cloro gas, combustible, entre otros.
Para el director de la CAASD, la situación en la que el gobierno de Luis Abinader encontró las instituciones del sector agua, apunta a que la pasada administración orquestaba un plan para privatizar ese servicio. “La intención era el descuido de las instituciones del sector agua para así inducir una privatización en torno a la generación y suministro del líquido”, expresó.
Pero el funcionario no se quedó ahí, planteó que la situación es similar a la encontrada en el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), la Empresa de Generación Hidroeléctrica (EGEHID) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).
Felipe Suberví considera que el Estado tiene un pasivo social con la población, porque no ha realizado las inversiones requeridas en el sector agua potable, por lo cual no opera como la población espera. Sobre la situación de los acueductos y sistemas que maneja la institución, dijo que ahora hay lluvias y mucha agua; y que ante esa situación el presidente Abinader estaría en la obligación de construir la presa del Alto Yuna o la Presa de Haina, para solucionar de manera definitiva el problema de falta de agua tanto del Distrito Nacional como de la provincia de Santo Domingo. “Yo apuesto a que el sector agua va a ser el marco de referencia del gobierno de Luis”, dijo Suberví, haciendo referencia al jefe del Estado.
CREDITOS A DIARIO LIBRE.
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