Pese a que Argentina asegura que le resulta "imposible" pagar más y
que sus acreedores afirman que lo que se les ofrece es insuficiente,
ambas partes han acortado sustancialmente las diferencias en su dura y
prolongada negociación para reestructurar bonos de ley extranjera por
66,238 millones de dólares.
El margen de divergencias se ha
acortado tanto que, aún con los discursos aparentemente intransigentes
del Gobierno de Alberto Fernández y de los poderosos comités de
acreedores, en el mercado apuestan a que un acuerdo para concretar el
canje está cerca.
El proceso que se inició en abril pasado, cuando Argentina formalizó
una primera oferta valorada en 40 dólares por cada 100 dólares de deuda a
canjear, supuso varios intercambios de propuestas alternativas con los
tres principales grupos de acreedores.
Argentina finalmente formalizó una oferta mejorada a inicios de este
mes, valorada en 53.5 dólares y estableció el 4 de agosto como fecha
límite para que los inversores la acepten.
Pero los tres comités
de acreedores, que aseguran tener un tercio de los títulos a
reestructurar, lo suficiente como para bloquear cualquier intento de
canje, por primera vez se alinearon, acordaron rechazar la propuesta
argentina y presentar el pasado lunes una contraoferta conjunta.
La
reacción del Gobierno fue decir que Argentina no tiene capacidad para
pagar lo que piden los acreedores y reafirmar que es imposible ofrecer
más de lo ya concedido en la oferta vigente, aunque, de todos modos, se
mostró abierto a seguir dialogando.
CREDITOS A DIARIO LIBRE
