Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) abogó en favor de que el cuatro por ciento, que
se destina del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación dominicana,
sea preservado bajo los principios institucionales que motivaron su
razón de ser, especialmente porque el presupuesto proyectado para el
cursante 2020 sufrirá una reducción que pudiera alcanzar hasta los RD$12,600 millones, a la luz de los efectos de la COVID-19 sobre la economía.
En
ese tenor, la organización empresarial recordó que la estructura del
gasto del Ministerio de Educación (MINERD) es sumamente rígida, aun
cuando las formas de algunas de sus cuentas se contabilicen como gasto
corriente o gastos de capital.
Subrayó que en plena pandemia, han
surgido algunas voces que – a su juicio - de forma simplista piden que
parte de los recursos administrados por el Ministerio de Educación se
destinen a financiar la salud, los planes sociales, y las unidades
microeconómicas más afectadas por la COVID-19.
“Todos estamos conscientes del impacto que está teniendo sobre la
economía la pandemia, y de por sí tendrá un efecto directo en la
asignación preliminar del presupuesto del Minerd, y en la proporción en
que la enfermedad permanece y se extienden las medidas de excepción el
constreñimiento se profundiza, de ahí que el mandato debe ser apegarse a
los principios y proteger la educación”, asevera Educa.
Los
señalamientos de la organización, representante del sector empresarial
en materia educativa, son recogidos en la Nota de Trabajo No. 41:
Blindar a la educación - parte I- ante los falsos dilemas, puesto a
circular recientemente bajo la autoría de Darwin Caraballo, director
ejecutivo de Educa.
En el documento de análisis, se plantea a
modo de recordatorio que el promedio de gasto de personal docente y no
docente, administrativo, y jubilaciones y pensiones en los ejercicios de
2018 y 2019, ascendió a 2.75 por ciento del PIB, en tanto el renglón de
alimentación escolar consumió en promedio en dicho período otros 0.64
por ciento.
Mientras que los servicios básicos de centros
educativos, regionales y distritos consumieron 0.1 por ciento, cuentas
que -precisa- representan gastos fijos, y por tanto rígidos en promedio
de 3.3 por ciento del PIB.
“A la luz de esta observación, nos
damos cuenta que el restante 0.7 se utiliza para financiar el
presupuesto estratégico y operativo de las instancias esencialmente
pedagógicas, incluyendo la protección y atención integral a la primera
infancia, con 0.09 por ciento, mientras que los textos escolares asumen
el 0.01 por ciento del PIB”, apunta.
Y añade: “Y cuando nos
situamos en el rango de las transferencias a distritos, regionales,
centros públicos y cogestionados, e instituciones de la sociedad civil
que prestan servicios al sistema, vemos que consumen otro 0.1 por
ciento, llegando a la rígida cifra del 3.53 por ciento, en promedio,
para los dos últimos ejercicios fiscales, evidenciando a la vez que una
cifra próxima al 0.3 por ciento del PIB se reservó, en promedio, para
honrar los compromisos derivados del programa de obras escolares y otros
bienes de capital”.
En la publicación, el director ejecutivo de
Educa reconoce que las necesidades son múltiples, y que luego de más de
una década de bonanza y crecimiento sostenido de la economía, la
retracción del PIB será una realidad cada vez más difícil de evitar. “No
obstante, el simple hecho de transferir recursos de uno a otro sector
no contribuirá a resolver el problema sanitario, más bien muy
probablemente contribuirá a agravarlo”, acota.
“Indudablemente
que son momentos regidos por la incertidumbre, por las dudas y las
confusiones, por tanto la consigna es defender los recursos educativos
como una trinchera frente a falsos dilemas, a graves diagnósticos y a
los males endémicos y académicos, defenderlos como una certidumbre al
igual que la alegría”, plantea Caraballo.