CARACAS — La Fiscalía General de
Venezuela ordenó la detención de un dirigente opositor por su presunta
relación con la fracasada incursión marítima de inicios de mes que ha
dejado 66 detenidos, entre ellos dos estadounidenses.
Al dirigente Yon Goicoechea, miembro del
partido opositor Voluntad Popular, le dictaron orden de captura por su
supuesta vinculación con la fundación Futuro Presente, que es señalada
de financiar los campamentos donde habrían entrenado las personas que
participaron en la fallida operación de inicios de mayo, anunció el
jueves el fiscal general Tarek William Saab.
La medida contra el integrante de
Voluntad Popular, del que también forma parte el líder opositor Juan
Guaidó, se da pocos días después que el ministro de Comunicación, Jorge
Rodríguez, vinculó a la fracasada operación a Goicoechea, quien objetó
los señalamientos alegando que desde 2009 no pertenecía a la fundación
Futuro Presente.
Goicoechea rechazó, en un video que
difundió en su cuenta de Twitter, la acción de la Fiscalía General e
insistió en que por “ningún medio” tuvo contacto con la persona que se
atribuyó la organización de la incursión. El dirigente atribuyó a una
“olla” del gobierno la fracasada operación y anunció que hace varios
meses salió del país luego que intentaron apresarlo en enero pasado,
pero no precisó donde se encuentra ahora.
Saab dijo en declaraciones a la prensa
que fueron dictadas 99 órdenes de aprehensión de las cuales 63 no han
podido concretarse, entre ellas la de Goicoechea, quien fue excarcelado
hace tres años tras pasar más de un año detenido señalado de participar
en un supuesto complot.
Por el caso de la fallida incursión del 3
de mayo en el estado costero de La Guaira han sido arrestados 66
personas, precisó el fiscal general.
Entre los detenidos están los
estadounidenses Luke Denman y Airan Berry, quienes estaban asociados al
exboina verde Jordan Goudreau, que se adjudicó la responsabilidad de la
operación y tiene orden de captura de las autoridades venezolanas.
A los dos estadounidenses, que según las
autoridades se acogieron al “mecanismo de delación” luego de ser
detenidos el 4 de mayo en la localidad costera de Chuao, la Fiscalía
General les dictó cargos por los delitos de terrorismo, conspiración,
tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir.
Saab anunció que envió una misiva a la
presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para ofrecer
información al Congreso de Estados Unidos de las investigaciones que
adelantan las autoridades venezolanas sobre el caso. Venezuela ha
acusado a los gobiernos de Donald Trump e Iván Duque, estrechos aliados
de Guaidó, de estar implicados en la operación.
El escándalo desatado por la fracasada
operación alcanzó a Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente
interino de Venezuela por casi 60 países, que fue señalado por Goudreau
de haber suscrito junto con el asesor Juan José Rendón y el congresista
opositor Sergio Vergara, el acuerdo para la incursión.
La Fiscalía General, controlada por el
gobierno, solicitó la captura Goudreau, Rendon y Vergara, que estarían
en Estados Unidos, y dijo que pediría su extradición.
Los dos asesores renunciaron la semana
pasada a sus cargos como miembros de la comisión de estrategia y crisis
del equipo de Guaidó días después que el partido Primero Justicia, una
de las principales fuerzas opositoras, exigió la destitución de los
funcionarios que se vincularon a la contratación de Goudreau, director
de la firma de seguridad privada SilverCorp con sede en la Florida.
Rendón expresó en declaraciones a la
prensa que pagó 50.000 dólares a Goudreau por un acuerdo preliminar, que
no hizo efectivo, y que implicaba la exploración de la posible captura y
entrega a las autoridades estadounidenses de algunas figuras del
gobierno venezolano. El asesor político negó que el también jefe de la
Asamblea Nacional haya firmado el contrato.
Guaidó ha ratificado en recientes
declaraciones que nunca suscribió un acuerdo con el contratista
estadounidense y denunció que la fracasada incursión fue “infiltrada,
manipulada y financiada” por el gobierno de Nicolás Maduro, y que se
estaba reuniendo la información y las evidencias para tramitar el caso
ante la justicia internacional.