jueves, 6 de febrero de 2020

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, afirmó ayer que las alianzas público-privadas permiten la construcción en el país de puertos, carreteras y otras obras de infraestructura.
Explicó que el proyecto de Ley de Alianzas Público-Privadas que cursa en el Congreso Nacional, cuya aprobación espera esta o la próxima semana, será un elemento clave para satisfacer la demanda de infraestructura y servicios sociales de una manera efectiva.
Jiménez fue el orador invitado en el primer Desayuno Temático del año organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) bajo la temática “Alianza Público Privada: Un nuevo instrumento para el desarrollo”.
Explicó que se debe distinguir entre una alianza público-privada de una cooperación público-privada, que son dos conceptos distintos.
“Cuando estamos hablando de alianza público privada no estamos hablando de privatización”, dijo.
Resaltó el impacto de las alianzas público-privadas en otros países de América Latina, como Costa Rica y Chile.
Resaltó la importancia de contar con un marco normativo moderno, que garantice seguridad jurídica, competencia y transparencia durante todas las etapas del proyecto.
Manifestó que dicho proyecto de Ley de Alianzas Público-Privadas se elaboró en coordinación constante con el sector privado y contando con asistencia de organismos internacionales, logrando obtener uno de los proyectos de ley más modernos y completos de toda América Latina, al incorporar las lecciones aprendidas por otros países y en el plano local.
La actividad también contó con la participación como panelista de Federico Villalobos, socio de Infraestructura en Deloitte para Centroamérica y República Dominicana.
Celso Juan Marranzini, presidente de la AIRD, al presentar al ministro de Economía, indicó que las alianzas público-privadas no deben ser vistas en el estrecho marco de un contrato, ya que se trata de “pactos estratégicos”.
Marranzini consideró que “la eficacia de estas alianzas dependerá mucho de la seguridad jurídica que las rodeen. Si se politizan las decisiones siguientes al punto de partida, se pone en riesgo dicha seguridad”, dijo.