El
ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, afirmó que dos leyes
promulgadas entre septiembre de 2019 y febrero de 2020 constituyen una
reforma estructural del Sistema de Seguridad Social de la República
Dominicana y establecen en términos reales un modelo de gobernanza, que
propicia una mejor organización institucional y abre el acceso a más
personas que serán protegidas con pensiones y servicios de salud.
La
eliminación de los intereses de la deuda de los empleadores con la
Tesorería de la Seguridad Social (TSS) se convierte con la reforma en un
circulo virtuoso, porque permitirá que más agentes económicos -personas
físicas y jurídicas- contribuyan al Sistema de Seguridad Social de una
forma constante, al saldar sólo el capital adeudado, explicó el
funcionario.
La deuda actual de empleadores con la TSS -reveló
Jiménez- asciende a RD$501,774.4 millones, de los cuales el 98% son
recargos e intereses, RD$485,334 millones y RD$3,763 millones,
respectivamente. El importe de la deuda suma RD$12,676.5 millones, sobre
la base de 1 millón 43 mil facturas.
“Los
empleadores que lo requieran podrán pagar en plazos la deuda acumulada a
la fecha de entrada en vigor de la nueva ley, mediante la suscripción
de acuerdos de pago con la Tesorería TSS”, señaló el ministro durante
una presentación, en la que expuso los grandes ejes transformadores del
Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Jiménez habló en el marco
de un desayuno informativo con la prensa económica en el que explicó el
alcance de la Ley 397-19, que crea el Instituto Dominicano de
Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), y la Ley 13-20,
que fortalece la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), Dirección de
Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) y baja las ganancias de
las administradoras de fondos de pensiones.
En ese contexto,
explicó el modelo que se adoptó para cambiar el esquema de comisiones de
las administradoras de fondos de pensiones (AFP), estableciendo una
sola fuente de ganancias por gestión de los recursos de los
trabajadores, con lo cual estas entidades experimentarán un crecimiento
lineal en sus beneficios y no exponencial, como ha sido hasta ahora.
El
titular del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)
planteó que a partir de los cambios la TSS y la DIDA no sólo se
convierten en entes descentralizados y con personalidad jurídica, sino
que reciben más ingresos para sus operaciones de la eliminación de la
comisión administrativa de las AFP y del Seguro de Discapacidad y
Sobrevivencia, respectivamente.
La TSS ahora recibirá el 0.1% del
salario cotizable para el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia
(SVDS) del sistema de capitalización individual y del sistema de
reparto. Este ingreso proviene de la eliminación de la comisión
administrativa de las administradoras de fondos de pensiones, dijo el
ministro.
Por su lado, a la DIDA se le transferirá el 0.05% del
salario cotizable para el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia
(SVDS) del sistema de capitalización individual y del sistema de
reparto, una partida sale del 1% del Seguro de Discapacidad y
Sobrevivencia.
Jiménez resaltó como aspecto relevante de la
reforma del sistema la creación de un plan especial para las micro y
pequeñas empresas y el hecho de dar potestad a los trabajadores
independientes para que puedan cotizar a la seguridad social, así como
consignar el número de seguridad social con la obtención y renovación de
la licencia de conducir, la matriculación y renovación de marbetes de
vehículos de motor.
También con apertura de cuentas bancarias,
obtención y renovación de pasaportes, adquisición de bienes inmuebles y
registro de proveedores del Estado y cualquier otro documento o trámite
que sea establecido, a partir de la aprobación del reglamento por parte
del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y su promulgación del
Poder Ejecutivo.
El ministro Juan Ariel Jiménez estuvo
acompañado en la actividad por el Superintendente de Salud y Riesgos
Laborales, Pedro Luis Castellanos; el Gerente General del Consejo
Nacional de Seguridad Social, Rafael Pérez Modesto; el Tesorero de la
Seguridad Social, Henry Sahdalá, así como el economista del Ministerio
de la Presidencia y Asesor de Ley de la Seguridad Social, Víctor
Jiménez.