La masacre del 9 de febrero de 1966; 54 años, ¡prohibido olvidar!

El tableteo interminable de las ráfagas de las carabinas Cristóbal no cesaba. Soldados y policías apostados, el 9 de febrero de 1966, detrás de la verja perimetral del Palacio Nacional, disparaban a indefensos estudiantes que demandaban al Gobierno Provisional del Dr. Héctor García Godoy el reconocimiento de las autoridades universitarias, surgidas del Movimiento Renovador, fraguado al calor de la revolución de abril de 1965, la entrega del presupuesto universitario que por ley le correspondía y la salida inmediata del país de las tropas de ocupación yanquis.
En aquella soleada mañana de febrero, las carabinas eructaban balas infernales. Un tenso humo de pólvora quemada hizo la atmósfera irrespirable.
Acostados, boca abajo, sobre el asfalto caliente de la intersección de las calles Dr.Báez y Moisés García Lluberes, cientos de estudiantes se protegían de las balas asesinas. A pesar del pánico creados por el incesante tableteo de las ametralladoras, estudiantes desde el suelo y en su retirada seguían gritando: ¡Go Home Yanquis! ¡Presupuesto para la UASD! ¡Fuera los yanquis de los planteles!
La masacre duró varios minutos, se detuvo cuando se escuchó la voz, quizás del oficial que ordenó el ¡Fuego! Decir: ¡Alto al Fuego! Pero ya era tarde, los cadáveres de los estudiantes, Antonio Santos Méndez (de medicina), Miguel Tolentino, y Luis Jiménez Mella, más una veintena de heridos se había consumado, entre los que se encontraban: Amelia Ricart Calventi, de 15 años, estudiante de Instituto de Señorita Salomé Ureña, Brunilda Amaral Oviedo (del mismo Instituto) y Antonio –Tony-Pérez. Los tres heridos de gravedad en la médula espinal. De ellos, murió, al mes, en un hospital de Texas, EEUU, Amelia, tras una intervención quirúrgica, Brunilda y Tony sobrevivieron, “teniendo que cambiar sus pies por sillas de ruedas”, siendo ejemplo de heroísmo y dignidad.
La espera que exacerbó los ánimos.
El salvaje tiroteo se produjo, minutos después que el Secretario General de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), Amín Abel Hasbún, acompañado de una comisión del gremio pernoctaban en la escalinata frontal que da la intersección citada en espera de que se le permitiera una cita con el Presidente García Godoy. Al prolongarse la aceptación de la cita, bajo el argumento que el mandatario no se encontraba en su despacho, los manifestantes, acalorados y colmados de indignación, agitaban con más furor las banderas Nacional y de la UASD, al unísono vociferaban consignas contra el yanqui invasor. Una bandera de los EEUU fue incendiada, marines de la Fuerza Interamericanas de Paz (FIP) hicieron presencia en las calles adyacentes, la furia fue creciendo entre los estudiantes. El bachiller Romeo Llinás, dirigente de la FED, fue designado por los comisionados para que informara de las gestiones que se hacían para la entrevista con el mandatario. Tan pronto fue visto por la multitud, fue rodeado e invitado a subir a una verja de la casa que hoy ocupa la OISOE; un policía trató de impedir su breve alocución y ahí se armó un tira y jala entre el policía y grupos de estudiantes que protegían a Llinás, fue en este estado de confusión que se escuchó la orden de ¡fuego! dada por un oficial de la Policía.
Respuesta Popular
En respuesta a la masacre, organizaciones políticas, sindicales, populares, académicas, sindicatos, convocaron a una huelga general que duró más de una semana y en la que se escenificaron acciones violentas que produjeron la muerte y heridas de varias personas, entre ellas, soldados, policías, y efectivos de la FIP. La condena fue tan ejemplar que hasta los estudiantes de la Universidad Madre y Maestra de Santiago y su personal docente se solidarizaron con la protesta que iba contagiando a todo el país. La protesta concluyó, ante el temor del gobierno de que se retomarán los fusiles de abril como era el deseo de una juventud que insatisfecha por los resultados de la guerra de abril de 1965, en la que se impuso el poder y el chantaje belicista de los invasores yanquis, quienes obligaron a firmar la llamada Acta Institucional al presidente Caamaño, bajo la amenaza de aplastar la resistencia constitucionalista como ya lo habían intentado los día 15 y 16 de junio al bombardear con cañones y morteros la ciudad intramuros produciendo decenas de muertos.

Como salida al conflicto se firmó el 31 de agosto de 1965 el Acta de Reconciliación Nacional, mediante la cual las partes envueltas en la guerra depusieron las armas y aceptaron la instalación de un gobierno provisional, al margen del que presidía Caamaño, que era continuación del de Juan Bosch, y el denominado Gobierno de Reconstrucción Nacional, representado por militares contrarios a la constitucionalidad.
Luego, el 3 de septiembre de 1965, se firmó el Acto Institucional, fungió como Constitución de la República Hasta el 28 de noviembre de 1966, cuando el gobierno, presidido por Joaquín Balaguer, luego de ganar las elecciones mediante un fraude, proclamó una nueva Constitución sepultando la boschista de 1963.
El Acta Institucional fue firmada por los generales –traidores a la patria-, Francisco Javier Rivera, Caminero, ex jefe de la Marina de Guerra; Jacinto Martínez Arana, jefe de Estado Mayor del Ejército, Ramón Emilio Jiménez, jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, Juan de los Santos Céspedes, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea y Hernán Despradel Brache, jefe de la Policía Nacional
El Acta de Reconciliación Dominicana tenía diez puntos, el primero decía que el Gobierno, presidido por Caamaño, aceptaba a García Godoy como presidente “del gobierno soberano y único de la República Dominicana”, le garantizaba su apoyo “para el establecimiento y consolidación de la paz pública, así como para la rehabilitación de la economía nacional”. Con la mediación de la Comisión Ad Hoc, de la Décima Reunión de Consulta de los ministros de Relaciones, de la OEA, fue firmado por García Godoy Caamaño, Aníbal Campagna, presidente del Senado; Jottin Cury, ministro de Relaciones Exteriores; Héctor Aristy, ministro de la Presidencia, Salvador Jorge Blanco, Procurador General de la República y Silvestre Antonio Guzmán, miembro de la comisión negociadora. En nombre de la OEA estamparon sus firmas: llma P. Marinho, de Brasil; Claimont Dueñas, de El Salvador Ellsworth Bunker, de Estados Unidos.
Como ejemplo de la impunidad reinante en el país, los que produjeron la masacre, 54 años después no han sido sancionados, ni mucho menos enjuiciados, lo mismo ha pasado con los criminales que asesinaron a Manolo Tavárez Justo, las hermanas Mirabal, Amín Abel, Otto Morales, Guido Gil, Henry Segarra, Maximiliano Gómez (El Moreno) y de tanto más mártires de la Patria, pero jamás desmayaremos en lograr la instalación en el país de un verdadero sistema de justicia.
Este domingo, para que no se olvide y nunca se repita, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Fundación Comité 9 de febrero 1966 les rendirán homenaje, a las 10:00 A.M. frente al Palacio Nacional, a los héroes, heroínas y mártires del Movimiento Estudiantil que dieron sus vidas por la conquista de una educación popular, democrática y científica.