La asignación de dos fiscales especiales para investigar la posible comisión de delito por parte de seis integrantes del polémico chat que contribuyó a la caída del exgobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló provocó un enfrentamiento institucional y dudas sobre el resultado de la investigación.
Medios locales y analistas evalúan este viernes el anuncio de la entidad estatal Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI)
de asignar dos de sus funcionarios para investigar las actuaciones de
Rosselló y otros 5 participantes en el chat, cuya revelación el pasado
verano dio lugar a una crisis política sin precedentes.
Las
889 páginas publicadas del controvertido chat incluían burlas, insultos
machistas, homofóbicos y crudos comentarios sobre diferentes asuntos de
interés público, que provocaron protestas en las calles durante
semanas que provocaron, finalmente, en el umbral de la medianoche del 24
de julio, la dimisión de Rosselló.
Los
fiscales especiales Miguel Colón y Leticia Pabón analizarán las
posibles actuaciones ilegales del exgobernador Ricardo Rosselló,
Christian Sobrino (exrepresentante del Gobierno ante la Junta de
Supervisión Fiscal), Alfonso Orona (exasesor), Ramón Rosario
(exsecretario de Asuntos Públicos), Edwin Miranda (presidente de la
agencia de publicidad KOI) y Elías Sánchez (exasesor).
A pesar de
que el PFEI determinó asignar a esos dos fiscales, la entidad denunció
deficiencias en la investigación inicial a cargo del Departamento de
Justicia.
Según el PFEI, el Departamento de Justicia les remitió
37 cajas de documentos, pero estas solo incluían cinco declaraciones
juradas y solo en algunas se mencionaron comisiones de delito por parte
de todos los participantes del chat.
'Hay ausencia de prueba que
apoye una mera recomendación de nombramiento de FEI -fiscal
independiente- en cuanto a algunos de los delitos que se les atribuyen a
las personas contra las cuales nombramos FEI', señaló en un comunicado
el PFEI.
Subraya que para algunos de los delitos que el
Departamento de Justicia hace mención no se ha provisto, conforme a
derecho, una mínima prueba que justifique su recomendación de
nombramiento de fiscal independiente.
El comunicado indica
que por ello se excluyó investigar al exsecretario de Estado, Luis
Rivera; al extitular de Hacienda, Raúl Maldonado; al exsecretario de la
Gobernación, Ricardo Llerandi, además de los contratistas Carlos
Bermúdez y Rafael Cerame.
El documento del PFEI supuso hoy
una contundente respuesta por parte de la secretaria de Justicia,
Dennise Longo, quien dijo que la denuncia de deficiencias emitida por el
PFEI sobre el informe responde a que los fiscales no entendieron las
conclusiones del mismo.
Longo aclara que el análisis del
Departamento de Justicia atiende no solo a lo dicho o compartido en el
chat, sino a una evaluación criminal de lo que la conducta evidencia.
'La
mera participación en el chat no establece los delitos considerados, el
chat lo que hace es que corrobora la relación entre los participantes
de los delitos identificados. Esa conducta fue corroborada mediante las
entrevistas y la evidencia levantada por el Departamento de Justicia',
asegura Longo.
Matiza además que aparentemente el PFEI se limitó
en su análisis de 14 días laborables a examinar las declaraciones
juradas, o prueba directa, para tomar sus determinaciones.
Mientas,
aclara, 'nuestra evaluación del derecho, en contrario, se basó en un
examen exhaustivo y profundo de las declaraciones juradas a la luz de
las más de 15 entrevistas realizadas, los documentos requeridos y la
prueba electrónica recabada en la investigación'.
Longo destaca
que la extensa prueba recopilada corrobora las declaraciones juradas y
revela la conducta más allá de participar en el chat que constituye
causa suficiente para creer que se ha cometido delito.
'Las
expresiones del PFEI que mancillan la gestión que han hecho nuestros
fiscales y agentes investigadores en este caso son injustas,
improcedentes e innecesarias para su limitada responsabilidad de
determinar el alcance de la investigación que debería realizar un fiscal
especial independiente', concluye.
La lista de delitos que
podrían haber cometido los implicados en el chat incluye incumplimiento
del deber y negligencia en el cumplimiento del deber, amenaza,
infracciones a las Ley de Ética Gubernamental, aprovechamiento ilícito
de trabajos o servicios, intervención en operaciones gubernamentales e
influencia indebida, entre otros.