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Diputados aprueban proyectos de revalorización patrimonial y alianzas público privadas

La Cámara de Diputados aprobó este viernes en segunda lectura las leyes de transparencia y revalorización patrimonial y el de alianzas público privadas con modificaciones por lo que ambas iniciativas deberán volver al Senado de la República.
En el caso del proyecto de Ley de Transparencia y Revalorización Patrimonial, una de las modificaciones fundamentales fue la de reducir de un tres a dos por ciento el impuesto sobre el valor total de los bienes declarados de manera voluntaria ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
También fue incluido que para aquellos que quisieran fraccionar el pago al acogerse a esta ley deberían avanzar hasta un 40 por ciento del total a pagar y completar el resto en un plazo de 180 días.
El proyecto de ley que crea un nuevo impuesto a los bienes y busca ajustar su valor conforme a los del mercado crearía un “régimen tributario especial con carácter transitorio”.
Mientras que el proyecto de alianzas público privadas que al igual que el anterior contó con un informe favorable de la Comisión de Hacienda que preside el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Ramón Cabrera, fue aprobado con cambios como la vigencia de los contratos que será convenido “según la naturaleza y el objeto del bien o servicio a contratar”.
Al respecto, el diputado del Frente Amplio, Fidel Santana, observó que en los artículos 4, 5 y 55 del proyecto de ley que se toca el tema de los riesgos que recaerían sobre el Estado por lo que expresó preocupación de que el patrimonio del Estado pudiese caer en manos de instituciones financieras extranjeras o locales.
“Siento que lo relativo al riesgo recae sobre el Estado, más que para el sector privado”, afirmó Santana, quien dijo que si la participación del sector privado en un proyecto es de un 80 por ciento los riesgos deberían ser similares.
Al respecto, el diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Víctor Bisonó, sostuvo que la ley prevé que en caso de enajenación de un bien público esto deberá ser conocido por el Congreso Nacional.

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