A pesar de
lo horrendo de algunos crímenes cometidos por niños, niñas y
adolescentes, el llamado Código del Menor establece que los que cometan
una infracción penal deben ser juzgados respetándoles todos sus
derechos, sin ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Tampoco pueden ser sometidos a tratos que atenten contra su dignidad.
En
el caso de imponerle una medida de coerción, el artículo 286 del Código
del Menor establece que la prisión debe ser la excepción y sólo por 30
días, y que podría ser prorrogada por 15 días en casos justificables.
Cuando
el menor tiene menos de 14 años, generalmente se implementa como medida
cautelar el cambio de residencia para la protección personal; la
obligación del adolescente de presentarse periódicamente al tribunal o
ante la autoridad que le designen; la prohibición de salir del país o de
la localidad; la prohibición de visitar y tratar a determinadas
personas, entre otras, como retención en el propio domicilio.
Cinco años de prisión
A
propósito del crimen cometido contra una niña de cuatro años de edad en
Santiago de los Caballeros, varios sectores han reaccionado pidiendo
penas más drásticas para los adolescentes involucrados en estos casos.
Trajano
Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia
(FJT), opina que no es posible que el Cogido de Niños, Niñas y
Adolescentes solo contemple un máximo de hasta cinco años por la
ocurrencia de un crimen por grave que sea.
Considera que el menor
de edad de ahora no es el mismo menor de edad de otros tiempos: “El
adolescente de ahora tiene mayor desarrollo y más conocimientos por el
asunto del acceso a las tecnologías de la información y comunicación”.
Sugiere
hacer una revisión de lo que ocurre a nivel internacional con casos
similares y evaluar al menor imputado para, si se comprueba “que actuó
con algún discernimiento o conocimiento de causa de la maldad de lo que
está ocasionando, se le juzgue como mayor de edad”.
En ese
sentido, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo,
monseñor Jesús Castro Marte, pidió todo el peso de la ley contra los
responsables del crimen, al tiempo que calificó como “deplorable” e
“indignante” la muerte de Yaneisy Rodríguez. En un mensaje en su cuenta
de Twitter, expresó que el crimen “pone en evidencia la
irresponsabilidad de algunos padres ante las obligaciones para con sus
hijos”.
Mientras que la presidenta de la Asociación de Abogados
de Derecho de Familia de la República Dominicana (Adadef), Dilia Leticia
Jorge, dijo que la lamentable muerte de la niña Yaneisy revela la
necesidad de una mayor vigilancia que deben tener las autoridades del
Sistema de Protección a la Niñez, Niños y Adolescencia sobre los menores
que habitan en el territorio dominicano.
En tanto que el
diputado perremeísta por la provincia El Seibo, Jean Luis Rodríguez,
reprochó que los proyectos de ley de castración química para violadores y
el que crea un registro nacional de agresores y violadores, sigan
paralizados en el Congreso.
Los imputados
El menor de 16
años implicado en el asesinato de la niña Yaneisy Rodríguez tiene un
proceso judicial abierto por violación sexual, según informó la regional
de la Policía en Santiago. Por el crimen de la niña también fue
apresado Franklin Fernández Cruz, quien según las autoridades tiene 31
años.