La disputa entre México y Bolivia por lo que el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador considera un asedio y hostigamiento a sus sedes
diplomáticas en La Paz podría acabar en la Corte Internacional de
Justicia de La Haya, aunque la vía del diálogo no está cerrada.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció el jueves que preparan la denuncia por el despliegue de casi un centenar de fuerzas de seguridad bolivianas en torno a la residencia de la embajadora mexicana en La Paz porque viola los tratados internacionales sobre derechos y protección del personal y de las instalaciones diplomáticas. Además, se quejó por la utilización de drones, aparentemente, para vigilar esos enclaves.
Bolivia volvió a negar el jueves tales acusaciones. Afirma que no ha violado la integridad de las sedes diplomáticas y que es México el que ha tenido “injerencia” en sus asuntos internos al cobijar a ciudadanos bolivianos que tienen órdenes de captura en su contra.
A pesar de las posturas enfrentadas, el subsecretario mexicano para América Latina, Maximiliano Reyes, instó a la canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, a encontrarse en un país intermedio para encontrar una ruta de diálogo y el propio López Obrador abogó por que “se recapacite” y “prevalezca la sensatez”. Horas después, los bolivianos emitieron un comunicado en el que hablaron por primera vez de mantener un “diálogo constructivo con México” y en la cuenta oficial de la cancillería interina se indicó que dichas conversaciones tendrían que ser directamente entre Longaric y Ebrard.
El país andino vive una crisis política desde las elecciones de octubre, que generaron protestas y denuncias de fraude. El 10 de noviembre, presionado por el ejército, el entonces presidente Evo Morales renunció, en lo que algunos países –entre ellos México– consideraron un golpe de Estado y fue asilado primero en territorio mexicano y luego en Argentina.
El 12 de noviembre, la legisladora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina hasta que se convoquen nuevas elecciones y conformó un gabinete de transición. Dos días después un grupo de 27 personas, en su mayoría políticos y funcionarios, llegaron a la sede diplomática mexicana a pedir asilo.
Nueve de estas personas siguen ahí refugiadas, entre ellos Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia, y otros cinco exministros. Las actuales autoridades bolivianas no han querido facilitarles los salvoconductos. Y son acusados de varios cargos.
El gobierno mexicano ha dicho que está en su derecho de dar asilo a quienes considere perseguidos y Ebrard recordó el jueves que México les acogió antes de que nadie les informara de las órdenes de captura en su contra.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció el jueves que preparan la denuncia por el despliegue de casi un centenar de fuerzas de seguridad bolivianas en torno a la residencia de la embajadora mexicana en La Paz porque viola los tratados internacionales sobre derechos y protección del personal y de las instalaciones diplomáticas. Además, se quejó por la utilización de drones, aparentemente, para vigilar esos enclaves.
Bolivia volvió a negar el jueves tales acusaciones. Afirma que no ha violado la integridad de las sedes diplomáticas y que es México el que ha tenido “injerencia” en sus asuntos internos al cobijar a ciudadanos bolivianos que tienen órdenes de captura en su contra.
A pesar de las posturas enfrentadas, el subsecretario mexicano para América Latina, Maximiliano Reyes, instó a la canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, a encontrarse en un país intermedio para encontrar una ruta de diálogo y el propio López Obrador abogó por que “se recapacite” y “prevalezca la sensatez”. Horas después, los bolivianos emitieron un comunicado en el que hablaron por primera vez de mantener un “diálogo constructivo con México” y en la cuenta oficial de la cancillería interina se indicó que dichas conversaciones tendrían que ser directamente entre Longaric y Ebrard.
El país andino vive una crisis política desde las elecciones de octubre, que generaron protestas y denuncias de fraude. El 10 de noviembre, presionado por el ejército, el entonces presidente Evo Morales renunció, en lo que algunos países –entre ellos México– consideraron un golpe de Estado y fue asilado primero en territorio mexicano y luego en Argentina.
El 12 de noviembre, la legisladora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina hasta que se convoquen nuevas elecciones y conformó un gabinete de transición. Dos días después un grupo de 27 personas, en su mayoría políticos y funcionarios, llegaron a la sede diplomática mexicana a pedir asilo.
Nueve de estas personas siguen ahí refugiadas, entre ellos Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia, y otros cinco exministros. Las actuales autoridades bolivianas no han querido facilitarles los salvoconductos. Y son acusados de varios cargos.
El gobierno mexicano ha dicho que está en su derecho de dar asilo a quienes considere perseguidos y Ebrard recordó el jueves que México les acogió antes de que nadie les informara de las órdenes de captura en su contra.
