El Partido Revolucionario Moderno, PRM, fijó hoy su
posición sobre el proyecto de Ley que modifica el presupuesto
ejecutándose en 2019, remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo.
El principal partido de oposición afirma que de aprobarse la
propuesta de modificación del presupuesto continuarían las violaciones
legales, la mala gestión financiera, endeudamiento sin control,
legalización de gastos ilegales, falta de pagos a contratistas y
proveedores, más deuda acumulada en el sector eléctrico y aumento del
déficit público.
A continuación, el texto completo del documento resumido hoy en rueda
de prensa por el destacado economista Miguel Ceara Hatton, responsable
de la Secretaría Técnica y de Políticas Públicas, quien habló en la casa
nacional junto a otros dirigentes del PRM:
1. El PLD viola las leyes
La ley de presupuesto de 2019 está sujeta a la Constitución, a la Ley
Orgánica de Presupuesto de Presupuesto, la de Crédito Público y la de
Estrategia Nacional de Desarrollo, las cuales han sido violadas durante
todo el año, conscientes de que, por el control absoluto del Congreso
Nacional, los excesos de gastos serán legalizadas mediante una
modificación a la ley.
2. Las leyes de presupuesto de cada año expresan una irresponsabilidad
Las leyes de presupuestos aprobadas cada año reflejan una
irresponsabilidad del gobierno pues siempre se sobrestiman los ingresos y
subestiman los gastos y así presentar al inicio de año un menor déficit
y, por consiguiente, una menor necesidad de financiamiento neto.
En proyecto de presupuesto sometido a las Cámaras se disminuyen los
ingresos estimados en RD$12.4 mil millones y se incrementan los gastos
en RD$10.2 mil millones, lo cual sitúa el déficit en RD$98 mil millones
(2.2 % del PIB), en lugar de RD$76 mil millones (1.7 % del PIB
presupuestado), sin incluir las operaciones descritas más adelante sobre
las EDE’s.
En otras palabras, la falta de gestión sobre el control del gasto
público hace la gestión financiera débil e irresponsable, que lleva a
incumplir los objetivos fiscales, aumentando la incertidumbre económica.
3. El país se endeuda sin la debida autorización del Congreso
Al aumentar el déficit en RD$22.6 mil millones, se incrementa la
necesidad de préstamos (las fuentes financieras) en ese monto. A esto
hay que agregarle la solicitud de nuevos préstamos para el sector
eléctrico contenido en la propuesta de modificación de la ley de
presupuesto.
En efecto, los artículos 13 y 14 de la propuesta de modificación del presupuesto ejecutándose en 2019 se reconocen:
a) Operaciones de crédito a corto plazo de las Empresas
Distribuidoras de Electricidad (las EDE’s) realizadas en el año 2019 por
US$495 millones de dólares y RD$33 mil millones de pesos, por un total
de aproximadamente US$623 millones.
b) El proyecto de Ley autoriza al Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Hacienda, a concertar operaciones de crédito público
mediante la colocación de bonos y/o crédito bancario en el sistema
financiero, sin necesidad de remitirlos al Congreso Nacional para su
aprobación, constituyendo una flagrante violación a la Constitución de
la República.
4. Se legalizan gastos ilegales
Se incrementa en RD$18.7 mil millones a la partida de “Disminución de
cuentas por pagar”, es decir, pago a proveedores que se pasan al año
siguiente. En 2019, se tenía un presupuesto aprobado de RD$7.8 mil
millones y se le agregan RD$18.3 mil millones lo que implica aumento de
236 % con relación a lo aprobado en el presupuesto de 2019.
Esto refleja gastos no presupuestados al 30 de septiembre que dejan
sin cubrir otras operaciones, lo cual es un manejo irresponsable de las
cuentas fiscales y violatorio el artículo 234 de la Constitución de la
República, ya que, una vez aprobada la ley de Presupuesto General del
Estado, no podrán trasladarse recursos presupuestarios de una
institución a otra sino en virtud de una ley que autorice la
modificación, que es lo que se pretende con el presupuesto
complementario después del hecho consumado.
5. No paga a contratistas y proveedores
Los RD$18.7 mil millones son para cubrir deudas desconocidas y ya
pagadas al 30 de septiembre. Cubrir esta deuda implica que el Gobierno
penaliza a contratistas y suplidores del Estado con los cuales tiene
deudas pendientes de 2018, al disminuir las partidas para cubrir dichas
obligaciones del Ministerio de Obras Públicas (RD$8,815 millones), de
Administración de Obligaciones del Tesoro (RD$7,390 millones) y del
Ministerio de la Presidencia (RD$2,505 millones).
6. La deuda del sector eléctrico: un barril sin fondo
En el proyecto de modificación del presupuesto de 2019 (mediante los
artículos 13, 14 y 15), el Gobierno le reconoce a EDESUR, EDENORTE y
EDEESTE compromisos de deudas con contratistas, proveedores y
generadores por un monto de US$1,107 millones de dólares y RD$33 mil
millones de pesos (US$626 millones de dólares, calculados al RD$52.80 x
US$1).
Esto devela el fracaso de la actual administración en el sector
eléctrico, ya que la acumulación de deudas se produce no obstante haber
invertido el Gobierno más de US$1,275 Millones de dólares en esas
empresas, principalmente para la reducción de perdidas, lo que deja
constancia de que las mejoras presentadas son falsas, ya que no se
reflejan en los resultados financieros de las empresas y mucho menos en
la calidad del servicio que recibe la población, el cual se caracteriza
por múltiples apagones.
Si a esta deuda de US$1,733 millones, sumamos los US$1,275 millones
de inversión y los cerca de US$3,000 millones hasta ahora gastados en
Punta Catalina, vemos que los dominicanos hemos gastado en el sector
eléctrico más de US$6,000 millones de dólares, sin obtener ninguna
mejoría del servicio y manteniendo la misma situación de
insostenibilidad del sistema eléctrico.
7. Se dispara el déficit público
El gobierno pretende que el Congreso le permita asumir los gastos de
EDESUR, EDENORTE y EDEESTE que generaron sus compromisos de deudas y
además le autorice contratar operaciones de crédito público por un monto
de RD$1,121 millones de dólares, equivalente a RD$59 mil millones de
pesos, sin que luego se remita los contratos firmados al Congreso para
su aprobación, ni se registre como gastos ni como fuente financiera
durante el 2019 dichas operaciones, y por lo tanto, el déficit real al
finalizar el año que se elevará a RD$157 mil millones, equivalente al
3.4 % del PIB.
En resumen: el proyecto de ley que pretende reformar el presupuesto
de 2019 demuestra la violación sistemática de la Constitución de la
República y las leyes aplicables del sistema de administración
financiera del Estado, así como la reiterada falta de transparencia,
manipulación y maquillaje de las cuentas fiscales.