El Ministerio Público solicitó la imposición de medidas de coerción en
contra del alcalde del Distrito Municipal de Cana Chapetón, Juan José
Reyes Colón, su exesposa María Ynoemí Gómez y el hijo de ambos Luisardi
Noel Reyes Gómez, acusados de incurrir en violencia de género e
intrafamiliar recíproca.
En contra el alcaide Reyes Colón y su hijo Reyes Gómez fue solicitado
de tres meses de prisión preventiva, en tanto que contra la señora
Ynoemí Gómez fue solicitado impedimento de salida del país, presentación
periódica y someterse al cuidado o vigilancia de una persona o
institución determinada hasta se profundicen las investigaciones y
presente el acto el conclusivo correspondiente.
La Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi fijó
para este viernes 18 de octubre a las 9:00 de la mañana la audiencia
para el conocimiento de la medida de coerción en contra de los
imputados.
Los imputados fueron sometidos a la justicia por la presunta
violación de los artículos 305, 309-1 y 309-2 del Código Penal
Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e
Intrafamiliar, que sancionan los delitos de amenaza, violencia contra la
mujer y violencia intrafamiliar (cruzada) en perjuicio mutuo.
La instancia con la solicitud de medidas de coerción fue hecha por la
Procuraduría General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial
de Montecristi al juez especial de la Instrucción ante la Corte de
Apelación de esta jurisdicción por tener el alcalde jurisdicción
privilegiada.
En su solicitud, el órgano investigador detalla que el pasado día 13
del presente mes el alcalde Reyes Gómez interpuso una denuncia ante el
Centro de Recepción de Denuncias y Querellas de la Fiscalía de
Montecristi por violencia intrafamiliar en contra de su expareja y el
hijo de ambos, indicando que en momentos en que se encontraba próximo a
su residencia éstos empezaron a vociferarle palabras obscenas y luego le
fueron encima con piedras, palos y machetes, tratando de agredirlo,
además de que le manifestaron que iban a matar a un menor de tres años
de edad procreado con su actual pareja.
En su denuncia, dice el Ministerio Público, Reyes Gómez además
agregó que teme por su vida y la de su familia, tras indicar que no es
la primera vez que los señores María Gómez y Luisardi Reyes han
intentado quitarle la vida. En ese orden, denunció que el pasado 5 de
octubre, desconocidos hicieron cuatro disparos al aire frente a su
residencia.
En el caso de María Gómez se informó que antes de ser arrestada, el
pasado 14 de octubre, ésta se presentó por ante la Secretaría de la
Procuraduría de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de
Montecristi e interpuso formal denuncia en contra de su exesposo en la
cual manifestó que éste intentó ahorcar al hijo de ambos cuando
sostenían una discusión.
La señora Gómez denunció que posteriormente en momentos en que su
hijo se disponía ir a su trabajo, su expareja lo estaba esperando fuera
de la casa y golpeó el vehículo, gritándole que saliera y amenazándolo
de muerte, además de que a ella intentó de lanzarle un vehículo encima.
En el comunicado de prensa a través del cual el MP ofreció la
información indica que en vista de los hechos denunciados y las
evidencias obtenidas en el transcurso de la investigación, procedió a
solicitar orden de arresto en contra de los padres y su hijo, iniciando
el proceso judicial por violencia recíproca.
El MP detalló que en el transcurso de la investigación han logrado
obtener distintas evidencias testimoniales, documentales y periciales
que establecen que existen indicios suficientes como para presumir
razonablemente que los ciudadanos Juan José Reyes Colón, Luisardi Noel
Reyes Gómez y María Ynoemi Gómez, en sus respectivas condiciones de
imputados, han cometido recíprocamente las violaciones que se les
imputan.
En ese sentido, el Ministerio Público destacó que las referidas
medidas de coerción son las más idóneas a imponer en este caso por la
gravedad de los hechos y en virtud de que se encuentran presentes
elementos de convicción suficientes para presumir razonablemente que los
encartados son autores de los hechos que se les imputan.