En los últimos tres años los legisladores
dominicanos han recibido transferencias directas de casi cuatro mil
millones de pesos con la finalidad de ser utilizadas en labores de
asistencia social, de acuerdo con una investigación realizada por Oxfam.
El estudio, denominado “Autopsia fiscal, evaluación de los gastos e
ingresos del Gobierno dominicano para garantizar derechos”, señala que
este tipo de “órdenes quebrantan las tres funciones básicas y esenciales
que se les asigna a los y las congresistas en el marco legal vigente:
legislar, representar y fiscalizar”.
Por otro lado, también señala que existe la repartición de
transferencias de recursos a través de categorías “no asignables” a
programas de al menos 97 instituciones del Gobierno central y
descentralizadas.
La investigación destaca que parte de las transacciones fueron para
el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), el Consejo Estatal
del Azúcar (CEA), la Corporación Dominicana de Empresas Estatales
(Corde), el Instituto Nacional de la Uva (Inuva), Instituto Nacional de
la Vivienda (Invi), la Lotería Nacional, Instituto de Auxilios y
Viviendas (Inavi), el Instituto Duartiano, el Instituto Nacional de
Recursos Hidraulicos (Indhri), el Instituto Agrario Dominicano (IAD),
entre otros.
Según el informe, “El conjunto de ineficiencias, duplicidades de
funciones y opacidad absoluta en la asignación del gasto público en las
denominadas ‘Contribuciones especiales’ sobrepasa los RD$18,700
millones, equivalente al 0.4% del PIB en el año 2019”.
El análisis indica que unas 17 instituciones públicas concentran
9,382.5 millones de pesos en transferencias que no son transparentadas o
se desconoce su destino final. “Alrededor del 80% de estos recursos lo
manejan el Ministerio de Defensa (RD$5,709.4 millones), el Ministerio de
Educación (RD$1,000 millones) y el Ministerio de Salud Pública (RD$900
millones)”, detalla.
Otro de los puntos que destaca es que 50 instancias receptoras
reciben recursos ascendentes a 5,790.8 millones de pesos, “registran
alto grado de duplicidades y dispendio u otras modalidades de
ineficiencias en el gasto público”.
Parte de las instituciones que reciben estos recursos son 31 gobernaciones provinciales, 15 consejos asesores y otros renglones.
EN PUNTOS
Reparto. “Cientos de organizaciones no
gubernamentales en las áreas de salud, educación, asistencia social,
entre otras, tienen asignaciones de recursos que superan los RD$2,000
millones”, expresa el estudio de Oxfam.
Mientras que los partidos políticos con reconocimiento en la Junta
Central Electoral (JCE) reciben fondos públicos por valor ascendente
1,506.9 millones de pesos.