El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, asegura
que la fiscal que presentó al tribunal un acuerdo entre el empresario
Yasmil Oscar Fernández Estévez y su esposa, Anibel González, sacándolo
de presión en 2017 por intento de asesinato, y que el pasado viernes la
mató a tiros en San pedro de Macorís, y luego cometió suicidio, “se
apartó del principio de legalidad, aceptando un acuerdo jurídicamente
improcedente...”
Específicamente, la Procuraduría cuestiona el acuerdo penal
abreviado al que llegaron Yasmil Oscar Fernández Estévez, Anibel
González (víctima de agresión) y el ministerio público, para que el
primero saliera de prisión, donde estaba por atacar a la mujer en 2017
con un arma blanca. El titular del ministerio público indica que aun
cuando ese acuerdo fue propuesto por la víctima del ataque hace dos
años, ese arreglo consensuado “violenta los lineamientos generales del
Plan Nacional Contra la Violencia de Género que desarrolla la
Procuraduría General de la República”.
Una investigación preliminar ha evidenciado que “había causales para
revocar el acuerdo que, aun la víctima y el victimario hayan
consensuado, el mismo no debió ser aceptado por el Ministerio Público”,
indica el procurador en un comunicado. Se busca determinar si el
Ministerio Público tenía información de que el agresor continuaba
hostigando a la víctima, lo que, de ser cierto, “debió solicitar la
revocación del acuerdo por ante el Juez de Ejecución de la Pena”.
La exfiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, señalando
que el crimen contra la joven madre y abogada Anibel González, en
diciembre del 2017, era una tentativa de asesinato, y que “la pena
impuesta debió ser de 30 años; su victimario tenía que estar en la
cárcel, no en libertad”