Hace 18 años nació una pequeña esperanza en las comunidades que están
en los alrededores de la Zona Fronteriza. Se promulgó la Ley 28-01
sobre Desarrollo Fronterizo y las personas que residían allí se
preparaban para montarse en el tren del progreso porque los empleos
aumentarían y podrían mejorar su calidad de vida.
Con esta normativa se buscaba reducir los altos niveles de pobreza
que afectan a las siete provincias fronterizas del lado dominicano:
Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi, Santiago
Rodríguez y Bahoruco.
La ley establece que las empresas industriales, agroindustriales,
agropecuarias, de zonas francas, metalúrgicas y energéticas que operen
dentro de los límites de estas provincias tendrán una exoneración del
100% del pago de impuestos, de aranceles aduaneros sobre materias
primas, equipos y maquinarias, así como cualquier tipo de impuesto,
durante un período de 20 años.
Y por si fuera poco, a los empresarios que quieran instalarse en la
frontera se les otorgaría el 50% en el pago de libertad de tránsito y
uso de puertos y aeropuertos. Sin embargo, la misma ley solo mantiene
estos incentivos 20 años a partir de su promulgación, por lo que ya en
dos años las exenciones no tendrán validez y las empresas que operan en
la frontera bajo este amparo, podrían desaparecer.
Con la implementación de esta ley han surgido debates entre los
empresarios sobre la competencia desleal, mientras los habitantes de las
provincias fronterizas siguen esperando el desarrollo de esa zona. La
normativa ha funcionado solo para algunas empresas y la incertidumbre se
ha adueñado de lo que en 2001 fue la ilusión de esas personas que viven
en la extrema pobreza.
Lo oscuro de la economía dominicana
Las condiciones deprimentes que viven los habitantes de estas
provincias han situado a la zona fronteriza como la más pobre del país.
Estas consideraciones se han arrojado en estadísticas e investigaciones
de organismos como la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio
de Economía y otras instituciones.
Los datos de la ONE son impactantes: 53% de los hogares usan letrina,
17% no tiene un servicio sanitario, 23% cocina en leña, 10% cocina a
carbón, 17% de las viviendas no tiene acceso al suministro público de
energía eléctrica y el 48%de las personas vive en una casa que tiene las
paredes construidas con madera o materiales de menor calidad.
Esta realidad hace que las personas que quieran tener una mejor
calidad de vida se trasladen a otras provincias donde tengan más
oportunidades, como Santo Domingo y Santiago. La motivación para
impulsar la ley era que las empresas puedan invertir en la frontera para
que su gente pueda dedicarse a trabajar allí mismo.
Según el Consejo De Coordinación Zona Especial de Desarrollo
Fronterizo (CCDF), cuando la ley tenía 13 años de su promulgación había
95 empresas activas en la frontera distribuidas de la siguiente manera:
Montecristi (51), Dajabón (19), Santiago Rodríguez (12), Independencia
(5), Bahoruco (3), Pedernales (3) y Elías Piña (2). Tomando en cuenta
estas informaciones y al compararlas con el Índice de Desarrollo Humano
que presentó a inicios de este año el PNUD, es preciso notar que la
cantidad de empresas instaladas en cada provincia va muy de la mano con
cuánto ha podido superarse.
En Elías Piña solo se habían instalado dos empresas y de todas las
provincias del país esta ocupa la última posición en cuestiones de
desarrollo. Las otras localidades de la zona fronteriza donde hay pocas
empresas operando son también las más pobres de República Dominicana,
por ejemplo, Pedernales ocupa el puesto 31, Independencia el 30 y
Bahoruco el 29 en el ranking del PNUD de Desarrollo Humano, donde se
toman en cuenta las condiciones de salud, educación e ingresos.
Un estudio titulado “Balance de la Ley de Desarrollo Fronterizo:
entre el olvido y la necesidad de progreso” del Observatorio Político
Dominicana de Funglode destaca que a pesar de la Ley 28-01 en la
frontera se requiere mayor y mejor gasto público social en educación,
salud e infraestructura y la provisión de los bienes públicos necesarios
haría mucho más atractiva esta zona para la inversión y aliviaría
grandemente la marginalidad de estas poblaciones.
Lo que sugiere el autor de esta investigación, Greidys Roa Chalas, es
que haya una reforma integral de la normativa que considere la
transformación que ha tenido el país en los últimos años.